La nueva junta directiva de Empresas Públicas de Medellín aprobó por unanimidad seguir adelante con el proceso para recuperar 9,9 billones de pesos comprometidos en el proyecto Hidroituango. Pero lo de fondo, es que alrededor de EPM ha estallado una vendetta política sin precedentes en el historial de 65 años de la compañía.
Y es que por décadas, Empresas Públicas de Medellín, hoy sumida en un torbellino político sin precedentes, se ha destacado como “la joya de la corona” entre las compañías de Colombia, y mucho más, por tratarse de una entidad de carácter público.
Y no es para menos. El Grupo EPM cuenta con 7 negocios: generación de energía, transmisión, distribución, gestión de residuos sólidos, gas natural, gestión de aguas residuales y provisión aguas.
En Colombia, EPM presta servicios públicos de distribución de energía en los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda y Quindío y de Aguas, en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Chocó.
Actualmente el Grupo EPM tiene presencia en 6 países de Latinoamérica: Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Panamá y Chile.
Y sus principales números se resumen así:
Activos, 57 billones de pesos.
Patrimonio 23,6 billones de pesos.
Pasivos 33,6 billones de pesos.
Resultado primer semestre de 2020, 984.178 millones de pesos.
El detonante
Pero lo que parecía un verdadero paraíso del ejemplo de lo público manejado con criterios de gobierno corporativo privado, se convirtió en un verdadero infierno, en el que se ha desatado una inédita y descarnada vendetta de gran alcance político.
Todo comenzó hace tres semanas, cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, instruyó al gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, (designado por él) para emprender una acción judicial encaminada a recuperar para la empresa y la ciudad 9,9 billones de pesos, comprometidos en pleitos relacionados con Hidroituango, un proyecto energético al norte del departamento de Antioquia.
Esa decisión se tomó sin consultar a la junta directiva de EPM, en la cual tradicionalmente participaban representativos líderes del empresariado privado y la sociedad de la ciudad y el departamento, lo que motivó la renuncia de la totalidad de esta.
Reclamación sigue adelante
Una vez posesionada la nueva junta directiva de EPM, en las últimas horas el alcalde Daniel Quintero Calle hizo el siguiente anuncio.
“La Junta Directiva de EPM luego de conocer el informe de la gerencia y diferentes dependencias legales, financieras, técnicas y de riesgos, decidió de forma unánime apoyar el avance de acciones legales para recuperar 9,9 billones de recursos públicos en Hidroituango”.
Y agregó que: “vendrán insultos e irrespeto de quienes se saben responsables. Así son ellos. Nosotros seguiremos diciendo la verdad con honestidad, transparencia y contra la politiquería y la corrupción”.
“En el Gobierno de Federico Gutiérrez EPM iba camino a la banca rota. No dejaremos que eso pase. Vamos a sacar a Hidroituango y a EPM adelante”, puntualizó Quintero.
Avispero político
Obviamente, la respuesta del exalcalde Federico Gutiérrez no se hizo esperar: “lo que dice el nuevo Samuel Moreno es falso. En el empalme recibió toda la información y sabe que EPM iba por buen camino y resolviendo grandes retos”.
“Al contrario, quien puso en riesgo a EPM y a Medellín es usted. Ya sabemos que usted es un corrupto. El tiempo lo demostrará”, aseguró Federico Gutiérrez, quien dicho sea de paso avanza hacia una candidatura presidencial.
Por su parte, el exgerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, sostuvo que “en nuestra administración EPM tuvo: ingresos, ebitda y utilidades históricas y en constante crecimiento, y la relación deuda/ebitda terminó menor a 3.5. No evada responsabilidades sobre el actual rumbo de la empresa señor Alcalde”.
Pulso político alrededor de EPM
Según la Senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, “Colombia Humana, envía comunicado que dicta al alcalde Quintero, lo que debe hacer con EPM”.
Alfredo Ramos, Concejal, hijo del exalcalde Luis Alfredo Ramos, y quien perdiera las elecciones contra Quintero apuntó “raro que a Quintero no le haya parecido malo EPM durante el empalme ni cuando ratificó a la Junta”.
El infaltable nombre de Álvaro Uribe en este debate, apareció también para replicar en su cuenta de Twitter que “Sindicato de EPM denuncia millonaria inversión en oficinas del Gerente de la empresa. Una de ellas habría quedado con gimnasio personal”.
Obvio, tampoco podía faltar Gustavo Petro, el Senador de izquierda, resultante de su segundo puesto en las elecciones que llevaron a Iván Duque al poder, quien dijo: “hemos tenido a la.prensa nacional defendiendo a Álvaro Uribe y atacando a la Corte Suprema de Justicia. Y hemos tenido a la prensa nacional defendiendo a los saqueadores de EPM y atacando al alcalde Quintero”.
“Y tanto la Corte como Quintero simplemente cumplen con su deber”, concluyó.
Nicolás Petro, hijo del Senador Gustavo, dijo “Federico Gutiérrez no quiere que se sepa la verdad, en sus manos, EPM iba camino a la banca rota gracias a la corrupción”.
Las preguntas de Vargas Lleras
Pero como si faltara algo para este agitado cóctel político, también apareció el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con una serie de preguntas contundentes, que publicó el fin de Semana en El Tiempo.
¿Por qué la junta directiva aprobó la contratación millonaria de un tercer túnel de desvío, cuyo colapso originó la problemática actual y asumiendo un riego inaceptable de acuerdo con los informes y recomendaciones técnicas?
¿Por qué los dos primeros túneles se construyeron sin compuertas?
Es más, ¿por qué el gobierno corporativo permitió que se iniciaran las obras del túnel sin licencia ambiental?
¿Por qué la junta de notables permitió que se le ocultara a la Anla que habían cambiado los planes originales y que el plan B que estaban adelantando suponía nuevos y muy críticos riesgos ambientales y para las comunidades aguas abajo del río, como quedó luego demostrado? ¿Quién, además, tomó la decisión de taponar los dos túneles originales?
¿Qué gobierno corporativo es este en el que nadie sabe ni responde por nada?
¿A cuánto ascienden los perjuicios y el lucro cesante derivados de esas decisiones?
Y no solo de Hidroituango, sino de los demás proyectos internacionales ya señalados. Entiendo que todas estas inversiones, aprobadas también por el gobierno corporativo, están siendo cuestionadas por sus enormes pérdidas.
¿Dónde estaba el flamante gobierno corporativo cuando los pasivos de EPM se dispararon de 2,6 billones de pesos a 33,6 billones?
¿Cómo explicar que en esta compañía los pasivos crecen al 10 % anual mientras el patrimonio disminuye en 2 % anual?
A este ritmo, ¿qué va a pasar en los próximos años con la llamada joya de la corona?
2La anunciada demanda contra los contratistas, a la cual le han llovido rayos y centellas, se había evitado por más de dos años por decisión de la junta renunciada y su gobierno corporativo”, dijo Vargas Lleras en su escrito.
¿Por qué, repito, tenía el alcalde que dejar vencer los términos para presentar la demanda e iniciar una conciliación desde una posición más sólida?
“Claro, no podemos olvidar que ese gobierno corporativo con el que ahora se llenan la boca banqueros, analistas, contratistas, académicos y dirigentes gremiales había negado hace dos años la existencia de errores constructivos que hoy están más que demostrados”, agrega Vargas Lleras.
Las calificadoras de riesgo han mostrado su preocupación y ‘castigado’ la calificación de EPM. Señalan que es extrema y la peor en la historia de la compañía. Pero no nos engañemos. Eso no fue por la salida de ningún miembro de la junta, sino por la incertidumbre en torno a la fecha de entrada en operación de esta megaobra y sus sobrecostos, que prácticamente duplican el presupuesto original, y como lo señalé, al enorme endeudamiento de la empresa a causa, entre otras, de los pésimos negocios internacionales en que se involucró.
¿Cómo tapar el sol con las manos? Y no es que ‘per se’ estas relacionadas sean perjudiciales o condenables. El problema son los conflictos de intereses no revelados; es la falta de transparencia y hacernos creer que esa ‘colaboración’ público-privada, nacida en los momentos más aciagos de la lucha contra el narcotráfico en Medellín, todo lo justifica.
Y, para terminar, la pregunta del millón ¿Quién es la firma de construcción Camargo Correa y cuáles sus vínculos con Conconcreto y Coninsa Ramón H., sus socios en varios proyectos, incluido Hidroituango? ¿Cuál es su participación en el famoso Lava Jato, el más grande y sonado proceso de corrupción en Brasil?
“Me reafirmo en que la casa hay que ponerla en orden… y sin bravuconadas regionalistas, concluyó el exvicepresidente en El Tiempo.