La Contraloría General de la República, a través de su Delegada para el Sector Infraestructura encontró un hallazgo fiscal por $19.840 millones, con presunta incidencia disciplinaria, asociado a un contrato suscrito en 2023 para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario del Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta.

A pesar de haberse efectuado el pago total del contrato, al 30 de junio de 2025 no se evidencia la entrega ni la puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos, lo que impidió el cumplimiento del objeto contractual.

De igual forma, como parte del monto total, se determinó un segundo hallazgo con incidencia fiscal por $1.250 millones, con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con la ejecución y pago del contrato de interventoría.

Se evidenciaron serias deficiencias en la supervisión y el seguimiento a la ejecución del convenio de cofinanciación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta, tanto por parte del Ministerio de Transporte como del Ente Gestor del proyecto. Estas falencias se reflejaron, principalmente, en la falta de acciones efectivas frente al incumplimiento de las recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

De acuerdo con los hallazgos, la ausencia de correctivos oportunos afectó la adecuada gestión, el control y el uso de los recursos públicos aportados por la Nación. Las advertencias técnicas no fueron atendidas de manera integral, lo que debilitó los mecanismos de control y permitió que avanzara la ejecución del convenio sin las garantías necesarias para asegurar su correcto desarrollo.

Asimismo, se identificaron imprecisiones en la entrega y en el cumplimiento del objeto contractual. La entrega parcial del Sistema de Operación se realizó mediante una reunión virtual, sin que existiera un documento técnico formal que certificara de manera detallada los componentes entregados, sus identificaciones y especificaciones, tal como lo exigían las obligaciones contractuales.

Finalmente, del análisis de los informes de interventoría, supervisión y demás documentos contractuales, se concluyó que, a pesar de haberse efectuado los pagos correspondientes, el Sistema de Operación no se encuentra actualmente en funcionamiento. Esta situación genera cuestionamientos sobre la efectividad del proceso contractual y el impacto real de la inversión realizada con recursos públicos.

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