Las crisis de seguridad en la región de Catatumbo, en el noreste de Colombia, ha provocado ya en apenas cinco días el desplazamiento forzado de 20.000 personas, según han informado las autoridades locales, además de unos 80 muertos.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, ha señalado que son más de 20.000 los desplazados que han huido de las zonas más afectadas para recalar en algunas de las principales ciudades de Norte de Santander, como la mencionada capital, u Ocaña.

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«Ya superamos los 20.000 desplazados. Esto es una tragedia humanitaria que requiere atención inmediata», ha alertado Acevedo este martes en una entrevista para Blu Radio en la que ha relatado cómo estas miles de personas llegan a Cúcuta «con miedo, hambre y muchas necesidades».

Las capacidades de las instalaciones locales están desbordadas con la llegada de estas miles de personas procedentes de municipios como Tibú, El Tarra y Teorama, donde las luchas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las FARC han dejado ya al menos 80 muertos.

«La gente del Catatumbo quiere regresar a sus casas, pero solo lo hará cuando haya paz y seguridad. Esta es una oportunidad para que el Estado recupere el control del territorio», ha valorado Acevedo, un día después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, declarara el estado de conmoción interior.

El incremento cada vez mayor en el seno de las filas del Frente 33 ha provocado los enfrentamientos con el ELN, que históricamente ha controlado Catatumbo, una región que incluye una quincena de municipios y que hace frontera con Venezuela. Su riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca hace de ella una de las más disputadas por los grupos armados colombianos.

La Fiscalía tiene varias investigaciones abiertas, entre ellas la desaparición y el desplazamiento forzado de personas, pero también el asesinato de quienes se acogieron a los procesos de paz y las masacres que se han registrado, entre ellas la de la familia López, posible detonante de los graves enfrentamientos.

De acuerdo con informes de Inteligencia a los que ha tenido acceso la prensa colombiana, el trabajo de Miguel Ángel López en una funeraria de Tibú le habría causado problemas con los grupos armados que operan en el municipio.

López «recibía amenazas y presiones de todos los actores armados criminales debido precisamente a su labor de recoger, preparar y enterrar a personal fallecido y asesinado, entre ellos las víctimas de uno y otro bando», dice el informe.

El pasado viernes, el presidente Petro anunció la suspensión de las conversaciones de paz con el ELN, a quien ha prometido combatir con todas las estructuras constitucionales del Estado. «El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Las armas de la nación están con el pueblo», manifestó.