El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció un plan de choque con el propósito de garantizar la movilidad y protección a los conductores del servicio público en Barranquilla.

Junto con las autoridades locales, se determinó que 7 tramos viales del área metropolitana de Barranquilla contarán con caravanas de protección, un refuerzo de seguridad, el cual contempla desde motorizados de la Policía Nacional, vehículos del Ejercito Nacional y hasta vigilancia aérea, por parte de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana.

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“Con los conductores y los gerentes de las empresas se establecieron 51 puntos críticos de la ciudad en donde podría haber algún tipo de riesgo. Allí se ha determinado la presencia de soldados de nuestro Ejército Nacional y patrullajes conjuntos con la Policía Nacional” explicó el Ministro de Defensa.

En ese mismo sentido, el Ministro Molano reveló que, del componente de pie de fuerza adicional dispuesto por parte de la Policía Nacional para hacerle frente a la situación de orden público, 875 uniformados ya hacen presencia en Barranquilla, y se espera 125 adicionales arriben en el transcurso de esta semana. “Se había acordado la llegada adicional de 220 soldados de Gaula Militar, los cuales ya están desplegados en la ciudad, y ahora hemos acordado llevar un pelotón motorizado, compuesto por 36 soldados, con el propósito de aumentar la presencia tanto en los 7 tramos priorizados, como en los 51 puntos establecidos” detalló el funcionario.

Al respecto de los presuntos responsables de los recientes hechos delictivos, como homicidios y extorsiones, en contra de los barranquilleros, y en especial del gremio de conductores, las autoridades señalaron que se tienen identificados a alias ‘Negro Ober’, alias ‘Tomy Masacre’ y alias ‘Borré’, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad, pero que en coordinación con el INPEC serán trasladados a celdas frías con mayores condiciones de seguridad.

Finalmente, las autoridades determinaron actualizar el cartel con los ocho rostros más buscados, por la presunta responsabilidad en los recientes homicidios de los transportadores, y así mismo aumentar la recompensa para quien suministre información que permita la identificación y captura, pasando de 25 millones de pesos a 100 millones de pesos.