La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre ocho inmuebles que estarían al servicio de redes delictivas dedicadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; y a la venta de estupefacientes al menudeo en el centro de Medellín (Antioquia).

Se trata de hoteles, residencias, hostales, inquilinatos y parqueaderos en los que los menores de edad eran inducidos a ejercer actividades de tipo sexual.

En la investigación se logró establecer que varios de los inmuebles han sido afectados con medidas administrativas por parte de la Alcaldía de Medellín, y están vinculados a diferentes procesos penales. Estos lugares era también utilizados como centros de acopio de sustancias pscoactivas.