El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, urgió por acciones concretas e inmediatas por parte del Estado para frenar la tragedia social y humanitaria que vive el departamento de Chocó, ante el recrudecimiento de la guerra por la disputa entre grupos armados ilegales y los escenarios de pobreza, desigualdad y desempleo que ha dejado la pandemia.

En su intervención en la décima Mesa por la Vida que realiza el Ministerio Público con apoyo de USAID, Carrillo Flórez afirmó que el departamento de Chocó parece el fortín del ELN y es como si los cuarteles generales de esa guerrilla estuvieran en ese departamento, y condenó que buena parte de las masacres recientes en el país se han dado en esta región.

Enfatizó en la importancia de desplazar toda la institucionalidad a ese territorio y de definir acciones concretas de cara a la magnitud de la problemática que presenta el departamento, azotado por la presencia de los grupos ilegales y por las violaciones de los derechos humanos.

“Este país no puede darse el lujo de seguir matando a su liderazgo y exterminando a sus líderes sociales. Las amenazas radican de esos grupos armados ilegales dedicados a la minería ilegal y al narcotráfico”, agregó.

Sostuvo que las “las cifras no mienten, no son percepciones, no son especulaciones, es la realidad de lo que está viviendo el departamento”, y cuestionó que en la última semana se presentaron seis muertes violentas en la ciudad de Quibdó por la guerra de bandas criminales.

Reveló que de acuerdo con la Personería cerca de 14 mil personas han sido víctimas de confinamiento y desplazamiento por enfrentamientos de grupos armados organizados, y que la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el desplazamiento masivo de 450 personas, de 7 comunidades indígenas Embera en el Alto Baudó.

Agregó que “en Chocó desde 1990 hasta agosto de 2020 se han presentado 166 víctimas de minas y artefactos explosivos, de las cuales 24 han sido menores de edad”.

Frente a los cultivos ilícitos en la región, explicó que se firmaron cinco acuerdos con el Gobierno a los que se sumaron 7.500 familias, pero hasta la fecha no se han individualizado los convenios, lo que “ha causado gran frustración y desconfianza entre quienes se acogieron al programa”.

Para el jefe del órgano de control “urgen estrategias que permitan la atención integral con enfoque rural y étnico, porque es clarísima la afectación sobre las comunidades indígenas, afros y raizales”.