Úrsula Alcalá
La Procuraduría General de la Nación, advirtió sobre el hacinamiento que padece la población sindicada en las Estaciones de Policía de los Municipios de Valledupar, Becerril, El paso, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Manaure, Bosconia, El Copey, Pueblo Bello, San Diego, La Paz y Agustín Codazzi.
El Ministerio Público requirió a las administraciones municipales, el cumplimiento de la Ley 65 de 1993, que permite adelantar los trámites pertinentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para la atención de esta población recluida en las unidades policiales, teniendo en cuenta que estas carecen de capacidad.
También pidió información de los recursos asignados para la presente vigencia y su próxima asignación en los puestos de detención, en busca de establecer planes para la precisa ubicación de los sindicados.
El ente de control solicitó a las autoridades competentes acciones inmediatas, con el fin que el cuerpo policial adelante sin inconvenientes las capturas y allanamientos pendientes.
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