Por supuestamente incurrir en el delito de prevaricato por acción al otorgar libertad a dos jóvenes señalados de alteración al orden público durante el Paro Nacional, para que fueran designados como voceros de paz, la Procuraduría denunció penalmente a la juez, Lilyan Jhoana Bastidas, al considerar que la funcionaria no tenía la competencia para tomar esa determinación.

Para el organismo de control, la juez pasó sobre la ley al no remitir los casos a jueces de Control de Garantías.

El delegado de asuntos penales del ente de control Jairo Ignacio Acosta, considera que la servidora ignoró que el alto comisionado para la Paz indicó que se debía suspenderse las órdenes de captura y no las medidas de aseguramiento.