Una fuerte disputa se vive actualmente en el departamento del Putumayo, donde la Corporación Autónoma Regional (CorpoAmazonía) expidió el borrador de una resolución —publicada para comentarios de los interesados— con la que se pretende declarar el 70% de este territorio bajo la figura de reserva natural.

Esto, al parecer, está generando nuevamente división entre la comunidad del Putumayo. Por un lado, están quienes apoyan la conservación del medio ambiente mediante la declaración de zona amazónica, y por otro, quienes defienden el desarrollo económico y la presencia de la industria extractiva, que ha operado durante años en la región.

El representante a la Cámara, Carlos Ardila, comentó en diálogo con Confidencial Noticias que, al menos para él, esta situación no es nueva, ya que se ha venido presentando desde hace tiempo. Para el congresista, es comprensible que las comunidades exijan la realización de una consulta previa, con el fin de que sus voces sean escuchadas antes de tomar una decisión que afecte directamente al 70% del territorio.

Ardila recordó que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia 054 de 2023, dejó claro que cuando exista alguna afectación directa en territorios habitados por pueblos indígenas, debe realizarse consulta previa.

En el mismo sentido se pronunció Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, quien señaló que “se estarían vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de buena parte de este territorio, al omitirse la obligatoria consulta previa”. Bustos considera, además, que esta decisión “podría favorecer intereses particulares y dejar en el desamparo a campesinos e indígenas que dependen directamente de este territorio”.

Mocoa, en medio del conflicto

Quienes exigen la consulta previa consideran que esta también debe aplicarse al proceso de reconstrucción del municipio de Mocoa. Este proyecto estuvo detenido durante más de ocho años y logró destrabarse recientemente gracias a la gestión de la actual dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según información de la UNGRD, “en 2019 se contrataron 909 casas adicionales, pero solo se avanzó en la construcción de 168 viviendas en Sauces II, las cuales quedaron inconclusas e inhabitables. Al contratista se le venció el plazo de ejecución y no logró culminar la obra”.

El nuevo contrato, por un valor de $80.750 millones, fue establecido con EnTerritorio —una empresa del Estado— y busca terminar el proyecto Sauces II, que contempla la construcción de las 909 viviendas.

Sin embargo, quienes insisten en la consulta previa argumentan que la reconstrucción de Mocoa también debe considerar este mecanismo, ya que, de una u otra forma, afecta la vida de las comunidades indígenas que habitan tanto el casco urbano como las zonas rurales del municipio.

Por su parte, fuentes del alto gobierno consultadas por Confidencial Noticias consideran que este es un proceso que se ha venido desarrollando desde hace tiempo y que no requiere consulta previa.

Se espera entonces que se abra un diálogo entre las partes, que permita dirimir este conflicto en beneficio del departamento del Putumayo y de su capital, Mocoa.