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El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció el tipo de acciones que llevará a cabo la Registraduría Nacional del Estado Civil para tener claridad jurídica de si se debe citar a una consulta popular en las condiciones que se ha dado el debate.
Penagos anunció que elevará consultas a las altas cortes como el Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación para que decidan sí se debe continuar con el trámite que de pie a la consulta popular.
«Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular. Está en juego el orden institucional del país; está en juego el principio democrático; está en juego si se quiere la democracia», dijo en rueda de prensa el registrador Penagos.
Hernán Penagos recordó que para la operación de una consulta popular es necesario disponer de alrededor de 750 mil millones de pesos, además de capacitar a un personal que debe tener claro la manera como se va a votar, lo mismo que la respectiva logística que este proceso conlleva como la impresión de formularios, distribución del mismo, diseño y puesta en marcha de un software y la instalación de los puestos de votación.
Aseguró que esta operación no se puede hacer en tan solo 53 días, y que para esto se requiere de al menos tres meses para hacerlo de manera clara y ordenada.
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