El posible cierre del relleno sanitario ‘La Doradita’, que presta servicio a La Dorada, Caldas, y otros 22 municipios en departamentos como Cundinamarca, Santander, Boyacá, Tolima y Antioquia, ha encendido las alarmas por un inminente riesgo ambiental y de salud pública. Esta situación podría desencadenar una crisis en la gestión de residuos, afectando directamente a miles de residentes.
Usuarios y residentes del sector han denunciado irregularidades por parte de la Inspectora Municipal de Policía, Diana Valencia Bonilla. Las acusaciones señalan que la funcionaria notificó un desalojo del predio donde opera el relleno, sin bases jurídicas sólidas, lo que ha llevado a presentar quejas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Comisión de Disciplina Judicial.
Javier Gómez, gerente regional de la firma Bioger, actual operadora del relleno sanitario regional Doradita, expresó su preocupación por lo que consideran una intervención indebida en asuntos contractuales, un ámbito que debe ser resuelto por autoridades administrativas o judiciales, no por entes policiales. Esta acción podría tener consecuencias graves, no solo para las partes involucradas, sino también para la comunidad, el orden público y la protección del medio ambiente.
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Los habitantes de La Dorada y los municipios afectados temen que, sin un plan de contingencia, la acumulación de residuos provoque riesgos significativos para la salud y el entorno. Ante esta situación, se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para revisar y corregir cualquier irregularidad en el manejo del relleno sanitario y evitar una crisis mayor.
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