Yuli Andrea García González fue enviada a la cárcel por un juez de control de garantías quien aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

El ente investigador le investiga por el presunto lavado de activos en cerca de 13.000 millones de pesos producto de contrabando por prestar su nombre y el de una empresa de la que era representante legal para, entre 2018 y 2022, introducir al país grandes cargamentos de artículos para el hogar, elementos deportivos, herramientas, gafas y confecciones proveniente de China.

Los análisis financieros evidenciaron que ni la procesada, ni la importadora, de la que García González era su única accionista, contaban con el músculo financiero para realizar los movimientos económicos que soportaran el ingreso de los referidos cargamentos a territorio nacional. En tal sentido, la mujer no logró demostrar el origen lícito del capital que apalancó las operaciones financieras.

La empresa fue objeto de una serie de aprehensiones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Un par de estas actuaciones estableció que se trataría de contrabando por más de 300 millones de pesos.