Lo atacaron por la espalda, de la forma más vil, sin duda, fue emboscado a traición. Eso fue lo que le pasó a Daniel Felipe Molina Barón, un joven estudiante de tan solo 16 años, quien esta semana murió, tras ser atacado por un compañero de colegio en Los Naranjos, localidad de Bosa. Según testigos, otros jóvenes más estarían implicados.

A este aterrador caso se le suma un hecho supremamente grave: todo ocurrió en inmediaciones de la institución educativa del Distrito a la que asistía. Los días anteriores, Daniel Felipe había tenido un fuerte altercado con otro compañero de 17 años, quien, según la versión de su padre, le hacía bullying.

Aunque tras el ataque Daniel Felipe recibió atención médica y fue trasladado a un centro asistencial, ahí falleció. Los esfuerzos médicos fueron en vano, las graves heridas eran irreparables.

Nota recomendada: “La reincidencia en el delito le hace daño a Bogotá”: Andrés Barrios Bernal

En medio de lo sucedido, la Secretaría de Educación del Distrito emitió un escueto comunicado en el que decía que dos jóvenes sostuvieron una riña y uno de ellos murió. Craso error, a Daniel Felipe lo mataron y las autoridades tienen que asumir su responsabilidad, pues no garantizaron los entornos seguros e inspiradores que tanto prometieron al inicio de esta administración.

¿Cómo es posible que no se hubiera actuado a tiempo? ¿Qué no se hubiera priorizado este lugar? Ya para qué, señora secretaria Isabel Segovia, ¿tenía que morir alguien para que ustedes reaccionaran?

Es imperativo que entre entidades se articulen y de una vez por todas asuman las riendas de la ciudad que les dieron para gobernar. Tenemos graves problemas de inseguridad y de violencia desbordada, para la muestra, este hecho en el colegio Fernando Mazuera Villera, Sede A.

Ante esta alarmante realidad convoqué en el Concejo de Bogotá a la Comisión Accidental de Entornos Seguros, donde la Secretaría de Seguridad brilló por su ausencia. Considero que, si les queda grande la entidad, entonces más de uno tiene que apartarse de su cargo. Los bogotanos no podemos seguir tolerando todo lo que ocurre a diario ante la mirada impávida de los funcionarios distritales.

Actualmente, los colegios de la capital tienen 235 cámaras en sus entornos, pero 158 están dañadas. Constituye una gran irresponsabilidad que esto no se priorice, pero preocupa aún más que no se hicieran reparaciones a las que están sin servicio durante el periodo de vacaciones de los estudiantes, aludiendo que el ingreso a las instalaciones estaba limitado, según me manifestaron vía derecho de petición desde la Secretaría de Seguridad. Prácticamente, los niños estaban en receso de fin de año y al parecer el Distrito también, pero ¿no tenían que haber aprovechado y trabajar?

Definitivamente, la negligencia y falta de coordinación entre entidades es una vergüenza para Bogotá. Esto pasó en la administración de Claudia López y se sigue repitiendo en la era Galán.

Por último, la ciudad tiene que saber que desde el 15 de octubre del año pasado hasta el 30 de enero de 2025 la Secretaría de Seguridad no ha realizado un solo mantenimiento preventivo a las cámaras de videovigilancia de Bogotá. 

El derecho a la seguridad de la ciudadanía es cada vez más vulnerable y se evidencia nuevamente en que, de 5.824 cámaras en la ciudad, 1.879 no sirven. ¿Qué más tiene que pasar para que el Distrito reaccione?

Andrés Barrios Bernal