Esta semana el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la llegada del exministro Diego Molano Vega como nuevo presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. Se trata de una compañía que, lejos de causar admiración, debe retomar el rumbo y literalmente: reiniciarse; sobre todo, en su servicio de conectividad que, indirectamente, ha puesto en riesgo el derecho a la seguridad de la ciudadanía.

Bogotá tiene 5.824 cámaras en sus calles, de las cuales 739 no sirven y todo por culpa de la ETB. Resulta que la empresa tiene fallas de conectividad, algo que increíblemente no se ha podido sortear y que al parecer no se resolverá en el corto plazo, pues estamos a un mes de terminar el 2024.

Sin embargo, y pese al mal servicio que la ETB ha prestado al Distrito en los últimos años, la Secretaría de Seguridad la premió. La entidad le adjudicó a la compañía un nuevo y millonario contrato, esta vez para el mantenimiento de las cámaras de videovigilancia, esas mismas que no han estado conectadas en lo que va del periodo Galán.

Aunque la ETB brinda un perverso servicio, el contrato que le dieron el pasado 31 de octubre es por valor de $16,450,000,000 y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. El objeto es mantenimiento preventivo, correctivo y soporte al sistema de videovigilancia de la ciudad.

Y no es cuestionar por cuestionar, desde mi llegada al Concejo de Bogotá me he dedicado a hacer un seguimiento exhaustivo sobre el sistema de videovigilancia y, lamentablemente, debo decir que en vez de mejorar ha ido en deterioro progresivo.

Además, entes de control como la Contraloría de Bogotá han confirmado en sus informes que las principales causas de daños en el sistema de videovigilancia corresponden a fallas y caídas masivas en la conectividad, responsabilidad de la ETB. Incluso, se ha advertido sobre su falta de capacidad operativa, administrativa y financiera.

Según la Contraloría, el 65.5% de las cámaras están fuera de servicio por causas atribuibles a la ETB, mientras que las fallas por mantenimiento representan el 26.5% de la indisponibilidad. Es decir, la ETB tendrá que resolver su problema y se le sumará el que antes tenía un tercero, corriendo el riesgo de que el sistema siga siendo ineficaz.

Para nadie es un secreto que la seguridad en la capital del país atraviesa un muy pero muy mal momento. Pese a esto, herramientas claves para mejorar esta problemática no están dando los resultados que se esperan y el Distrito pareciera ignorarlo.
En este sentido, advierto lo siguiente: el Distrito le dio a la ETB una nueva responsabilidad que ni siquiera sabemos si serán capaces de cumplir. La Secretaría de Seguridad, en lugar de buscar soluciones efectivas, ha optado por profundizar la crisis dándole otro contrato a una empresa que ha demostrado que no puede.

Y la cereza del pastel, la justificación ofrecida por la Secretaría de Seguridad para esta contratación directa resulta insuficiente y preocupante. La entidad señala un supuesto «conocimiento técnico especializado» de la ETB, basándose únicamente en su experiencia en telecomunicaciones. Más grave aún, se presenta como beneficio el ahorrar solo $9,933,978 en comparación con otras propuestas económicas.

No se puede tratar la seguridad de los bogotanos como un gasto a minimizar, ésta debe ser pensada como una inversión fundamental para el bienestar de la ciudad.

Hablando sobre cámaras, se tienen que acabar las excusas. Actualmente, el Distrito tiene 1.843 cámaras que no sirven por diversas causas como obras, vandalización, energización, entre otras. Esto es vergonzoso y demuestra una profunda incapacidad.

Bogotá no puede seguir desconectada y esperemos que la ETB, con su nuevo presidente, reinicie y de una vez por todas encienda el router.

Andrés Barrios Bernal