Sucedió el 10 de diciembre del 2019, hace casi 4 años y 8 meses. El entonces y liviano Presidente Ivan Duque, a la salida de una pomposamente instalada Mesa Ambiental en medio del Paro Nacional de finales de ese año, prometió que Colombia suscribiría el Acuerdo de Escazú, “se conversa y se actúa”, remató con tono de mandatario en la respectiva rueda de prensa en Palacio.
La firma del Escazú había sido uno de los reclamos del movimiento ambiental en las masivas y multicolores protestas en todo el país, y Duque, después de responder violentamente con la fuerza pública a los manifestantes había convocado a una “Conversación Nacional” para atender los reclamos.
La operación tortuga desplegada por la retrograda derecha en el Congreso de la República contra Escazú, tenía el inocultable propósito de convertirla en un enorme conejo por parte del anterior Presidente.
En efecto, luego del anuncio en medio del paro del 19 y calmadas las aguas, el Gobierno Duque radicó, después del inicio de la legislatura del 20 de julio del 2020, en el Congreso de la República el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú, luego de reiteradas solicitudes de organizaciones ambientalistas de Colombia y el continente, congresistas alternativos y organismos internacionales. Pero el Gobierno lo dejó morir deliberadamente, mientras sus congresistas desplegaron todo tipo de artimañas para que se ahogara sin que se surtiera ningún debate del mismo.
La presión del movimiento ambiental que reiteró esta demanda en el estallido social del 2021 y las solicitudes de sectores académicos y comunidad internacional obligó a que Duque presentara de nuevo el Proyecto ante el Congreso en octubre de ese año. Pero de nuevo, la coalición duque/uribista le puso de nuevo freno de mano al proyecto para repetir su hundimiento.
Duque y sus aliados no tuvieron éxito. Los ponentes en representación de las fuerzas alternativas y progresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia y yo radicamos la pronuncia positiva desde febrero del 2022 y debimos hacer uso del estatuto de oposición para obligar a la mesa directiva de la Comisión Segunda del Senado para agendar su debate y oposición. Aun así, los opositores a Escazú se ausentaron tratando infructuosamente de romper el Quorum. El Acuerdo de Escazú pudo sortear las maniobras del uribismo y lograr su aprobación en primero y segundo debate en el periodo que culminó en julio del 2022. Ello permitió que el gobierno del Presidente Petro y las nuevas mayorías del Congreso de la República culminaran rápidamente y sin mayor dificultad su tramite, logrando su aprobación definitiva en octubre del 2022. Sin embargo, debimos esperar dos largos años más para que la Corte Constitucional, como ocurre con todo tratado internacional, ratificara esta semana que pasó su aprobación e incorporación a nuestra Constitución Política, convirtiendo a Colombia en el catorceavo de 33 países que deben hacerlo.
La importancia de Escazú radica no solo en que sea el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, sino que además es el único en el mundo que contiene disposiciones específicas que obligan a los Estados en la protección de la vida y la actividad de los líderes ambientales.
En especial para Colombia calificado como el país de mayor riesgo para quienes ejercen un liderazgo en defensa de la naturaleza y la vida. “Colombia es el mayor cementerio mundial de defensores de la tierra” tituló con dolorosas cifras el País de Madrid el 13 de septiembre del 2023.
Escazú, cuyo nombre del tratado se lo debemos a la población costarricense del mismo nombre en la que los Estados latinoamericanos suscribieron su acuerdo de creación el 4 de marzo del 2018, tiene como propósitos la garantía y compromiso de los países que lo ratifiquen al acceso a la información de la ciudadanía y la participación pública de la misma en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en asuntos que impliquen afectaciones a la vida y el ambiente, y como ya se ha dicho, proteger efectivamente la vida de quienes defienden estas causas.
Vendrá ahora una tarea de implementación de las disposiciones emanadas de este Acuerdo. El compromiso del Gobierno y el Estado será posible si hay una sociedad movilizada que ponga la vida y el planeta por encima de cualquier otra consideración. Es la única garantía de evitar las pretendidas trampas de los negacionistas de derecha.
