Desde el 6 de marzo, el ingeniero Rodrigo Fernández ya había detectado y advertido en un trino que la Alcaldía de Bucaramanga pretendía saltarse las reglas de los pliegos tipo para licitaciones de obra pública. Denunció un “amarre sutil” en el proceso SI-Si-CMA-001-2025 para interventoría del mantenimiento de la malla vial por $1.526 millones: exigían acreditar experiencia clasificada bajo los códigos UNSPSC 41138 y 41139, que no corresponden a interventoría, sino a instrumentos geofísicos y de medición de flujo. Una condición imposible para interventores, diseñada para favorecer a un único proponente.

El resultado fue predecible: 51 oferentes, 49 eliminados, 1 no subsanó y solo quedó uno… el ungido. Fernández, quien lleva años registrando estas violaciones sistemáticas a la libre concurrencia, expresó su frustración: la advertencia no fue escuchada. Sin embargo, esta vez hubo eco. El Procurador delegado primero para la vigilancia preventiva de la función pública Marcio Melgosa envió el 29 de abril una fuerte advertencia al alcalde Jaime Andrés Beltrán y a su secretaria de Infraestructura. Señaló que se violó el pliego tipo, que es inalterable, y exhortó a la entidad a revocar el acto de apertura del proceso.

Otro caso ocurre en Cartagena, con la licitación del Gran Malecón del Mar por $198.000 millones. El concejal Javier Julio Bejarano denunció en sesión del concejo que, tras publicar prepliegos sin toda la documentación, el 13 de marzo añadieron requisitos técnicos y el 20 de marzo abrieron el proceso incluyendo un nuevo literal: una licencia de explotación comercial de la DIMAR, que debía presentarse en solo 11 días hábiles. Un imposible. El 28 de marzo, además, cambiaron la forma de pago, incluyendo un anticipo del 15%. Resultado: dos oferentes, uno eliminado rápidamente por no cumplir y uno solo que cumplía con todo, incluida la sorpresiva licencia de la DIMAR. Otra vez, el ungido.

El pliego tipo versión 3, sustentado en la Ley 2022 de 2020 y la Resolución 2617 de 2025, es inalterable salvo en lo que expresamente permita el mismo pliego tipo. Según Bejarano, el requisito era innecesario, inconstitucional, ilegal y arbitrario. Su objetivo: lesionar la libre concurrencia.

Ambos casos comparten una estrategia: alterar los pliegos para cerrar el paso a oferentes competidores y garantizar que gane quien ya estaba ungido. Ya es un clásico de los contratos amañados, que conecta lo electoral con lo contractual, ese “matrimonio” que describe el ingeniero Fernández como una de las raíces más profundas del cáncer de la corrupción.

¿Qué creen estos funcionarios? Tal vez que pueden violar la ley a su antojo, con fines de corrupción, y que nadie lo notará. Tal vez sean ingenuos por pensar que no habrá quejas. Pero de lo que no son ingenuos es de que, incluso si son investigados, la probabilidad de ser condenados es baja, y aún condenados, difícilmente perderán lo robado. Esa es la jugadita completa.

Los ingenuos somos los demás colombianos que seguimos esperando que se controle la contratación pública.

Pero algo está cambiando. La labor incansable del ingeniero Fernández comienza a tener eco. Las actuaciones del procurador Melgosa y del concejal Bejarano muestran que es posible impedir contratos amañados. Su trabajo merece ser reconocido y replicado: están señalando una vía efectiva para combatir la corrupción a todos sus colegas procuradores y concejales. Colombia los está observando, esperando que cumplan con su responsabilidad.

Rafael Fonseca Zarate