En los últimos días, se ha presentado una serie de polémicas en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia que se registran en el país. La más reciente entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y la segunda entre el mismo presidente y la Defensora del Pueblo, Iris Marín, discusiones públicas sobre las cifras que no han pasado a la solución conjunta de los problemas de violencia y delincuencia por los que está atravesando el país.  

Entre números y tasas.

El primer caso, la afirmación del presidente en un acto donde estaba presente el comandante de la Policía Metropolitana y quien le dice “Donde más se mata en Colombia es en Bogotá” frase que fue hecha noticia por la W Radio https://x.com/WRadioColombia/status/1974217556471734277, frente a la cual el alcalde Galán reaccionó exponiendo cómo el presidente hizo mal uso de las cifras https://x.com/carlosfgalan/status/1974232632775815610?s=48&t=b7NyrWSvE0AXoQkZ9qjNxw

Como se puede oír y ver en los dos mensajes, los dos mandatarios no hacen uso adecuado de las cifras. En el caso del presidente, cuando se oye el audio completo, se puede decir que tiene parcialmente la razón cuando asegura que Bogotá, por número en el conjunto del país, es el territorio donde más se cometen homicidios. De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, el año pasado en Bogotá se cometieron 1.208 homicidios, le sigue Cali con 949 casos. En este caso, el presidente debió utilizar el indicador más importante para determinar el nivel de riesgo frente a la violencia homicida en Bogotá, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.  

Con base en la tasa el alcalde Galán también tiene en parte la razón, cuando asegura que Bogotá tiene una de las tasas de homicidio más bajas de las ciudades capitales en lo corrido del año. Sin embargo, al presentar cifras parciales, de enero a octubre, confunde y oculta el creciente problema de violencia y delincuencia que se presenta en la ciudad, dado que en las cifras que presenta, Bogotá aparece con una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes (ver segundo mensaje en X reseñado aquí), cuando la tasa real anual de homicidios, de acuerdo con Medicina Legal, fue de 15,6 casos por cada 100.000 habitantes en 2024 y como van las cosas es posible que este año se tenga una cifra cercana a 15. Hay que reconocer que la tasa de violencia homicida en Bogotá ha aumentado desde el año 2023 en un 12%, como se puede ver en el siguiente cuadro:  

Mapas tomados por la delincuencia.

La segunda polémica en torno a la presentación de las cifras de violencia y delincuencia entre el presidente y la Defensora del Pueblo, tiene que ver con los mapas de una publicación del diario británico The Economist, en los que se muestra la presencia de grupos armados ilegales en municipios y departamentos del país entre 2019 y 2024, donde para este último año está complemente rojo, como si todo el país estuviera tomado por estos grupos.

Según el presidente la fuente de estos mapas era la Defensoría del Pueblo y reseñó que “no se puede hacer un mapa de violencia tiñendo un municipio de un millón de hectáreas de rojo, en donde en la mayor parte de la extensión no viven personas y donde ocurrió algún hecho de violencia en alguna vereda”. Desde su perspectiva, este tipo de representaciones gráficas, extienden la percepción de inseguridad a regiones enteras, cuando los incidentes se concentran en puntos muy específicos.

Frente al tema, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el mapa que presenta The Economist, no es de la Defensoría del Pueblo. “Es una elaboración de ellos que se basa en un documento publicado antes de mi llegada a la institución. El mapa simplifica una realidad que no corresponde a la lectura del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Iguala en color rojo todas las zonas del país, haciendo parecer que el riesgo es extremo en todos los municipios o que los grupos tienen control general en todos ellos. Ninguna de estas dos conclusiones es cierta”, dijo Marín.

En este caso, los dos tienen la razón. Sin embargo, muchas instituciones públicas y privadas, siguen elaborando este tipo de mapas que no son tan precisos a la hora de poder determinar la verdadera dimensión del problema que se quiere presentar y que requiere solución, como se puede ver en el siguiente mapa de las Fuerzas Militares que intenta mostrar el aumento de las confrontaciones armadas en el país.

Hace cerca de 30 años en Bogotá se tuvo esta discusión, cuando presentaron en un consejo de seguridad, los mapas de delitos que se cometían en las 20 localidades de la ciudad y a simple vista parecía que toda ciudad estaba tomada por la delincuencia, lo que llevó a los servidores públicos a ser más precisos en la presentación de este tipo de información al bajarla a barrios y dentro de los barrios a sectores específicos donde ocurrían los delitos, tanto en días, como en horas, lo que permitió una intervención con resultados más efectivos de las autoridades de seguridad y justicia.

Las cifras sustentan la acción y los resultados.

En medio de estas discusiones queda la sensación que los que más preocupa a algunos servidores públicos nacionales y locales, es la imagen que proyecta la información mal utilizada y no la solución de los problemas que genera esa información.

El presidente Gustavo Petro debería dejar de abrir polémicas publicas en torno a las cifras y más bien trabajar en equipo con las autoridades de seguridad y justicia para solucionar los graves problemas que aquejan al país en materia de seguridad. Reconocer que como “Comandante Supremo de las Fuerza Pública” es responsable del orden público en todo el territorio nacional y quien debe garantizar, junto con los todos los alcaldes y gobernadores, la seguridad del territorio y de todos los ciudadanos, dejando de lado los intereses políticos, económicos, sociales, y religiosos, entre otros.

Para lograr lo anterior, hay que tener claro que el manejo del orden público no se descentralizó, se delegó en cabeza de los alcaldes y gobernadores y las órdenes del presidente en esta materia, prevalecen sobre las órdenes de los mandatarios locales, es decir el presidente es el jefe y responsable mayor del manejo del orden público y los mandatarios locales dependen de las órdenes que el primer mandatario imparta. Para solucionar los graves problemas de violencia y delincuencia que hoy tiene el país, se requiere coordinación permanente y trabajo en equipo entre el presidente y las demás autoridades de seguridad y justicia, que incluye a todos los gobernadores y alcaldes, pero parece que esto no va a suceder en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro.     

Hugo Acero