Bajo la premisa de una nueva era – la era del posconflicto –, se firmó hace cinco años el acuerdo de Paz, o de impunidad, cuyos resultados parecen alejarse cada vez más de la perspectiva de una paz real y duradera.

Las Farc era la principal organización del narcotráfico en Colombia, y con el acuerdo se creó el falso discurso de que este problema se reduciría notablemente; por el contrario, el problema recrudeció y nuevos grupos subversivos han ido ocupando estos territorios que históricamente fueron dominados por las Farc, y ahora son el campo de una batalla encarnizada que disputa por las rutas de la droga. Estas redes han avanzado, han desangrado comunidades enteras, y han asesinado a líderes sociales.

Los organismos nacionales e internacionales, responsables de ejecutar políticas, planes y estrategias en relación con el problema de las drogas, (UNODC, FIP, JIFE). Concuerdan en que en el 2013, justo cuando iniciaron las negociaciones de Paz con las Farc, se observa un aumento constante en la siembra de cultivos ilícitos que alcanzó un máximo histórico, niveles récord en los cultivos de coca y el potencial de producción de cocaína en el 2017; año en que superaron las 200.000 hectáreas. Sin embargo, es un indicador insuficiente para comprender la verdadera dinámica y el impacto, son zonas caracterizadas por bajos niveles de presencia efectiva del Estado, altos niveles de inserción a la economía ilegal, territorios marginados en que las reglas del juego nada tienen que ver con la ley.

Después de que las Farc salieran de ciertas zonas las condiciones de esos territorios no cambiaron. Esto se debe en parte, a que el Estado no ha sido capaz de dar una respuesta articulada que conectara ‘seguridad y desarrollo’. Los colombianos han estado financiando un acuerdo de paz búmeran, que no aportó al problema del narcotráfico, a los problemas de violencia en esos territorios, a reducir sus economías ilegales, y que ha sido incapaz de efectuar algún grado de institucionalidad en esa Colombia… Por el contrario, en un hecho excepcional, se modificó la Constitución para darles impunidad, reconocimiento, y voz en el poder legislativo, a responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Después de cinco años las Farc continúan reclamando cínicamente que se les cumpla con todos los puntos pactados. Una estrategia para pasar de victimarios a víctimas. El presidente Iván Duque ha sido un garante de los acuerdos de paz, a pesar de que fue elegido por las banderas del NO en el plebiscito. La izquierda no lo reconoce, pero su gobierno ha invertido más de 30 billones de pesos en un acuerdo claramente ilegítimo para miles de colombianos. Hay que reconocerlo, no se le puede tildar al gobierno de Iván Duque como uno que le dio la espalda a la llamada Paz. Han sido las Farc quienes ni siquiera han entregado las rutas del narcotráfico.

Qué decir de la Justicia Especial para la Paz que en más de tres años de funcionamiento no ha emitido la primera sentencia condenatoria contra las Farc. Organismo que inició con un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos, y que hasta la fecha ha superado los 300 mil millones anuales, pero que aún no ha dado ni un solo resultado. La JEP del despilfarro. Tal como lo reconoció el mismo Timochenko, es un tribunal diseñado para las Farc. El país continúa esperando justicia para las víctimas.