Hace cinco meses una marea multicolor se tomó las principales calles del país. Contra todo pronóstico jóvenes, trabajadores y organizaciones de mujeres optaron por arriesgarse a construir junto al otro todo en la contingencia de salud pública más compleja del presente siglo, les juntaba y sigue juntando una sensación agobiante de indignación frente a un rumbo de país que es a todas luces insostenible.
Ante el despliegue de dignidad en las calles, los representantes de la política tradicional respondieron de una forma cruel y mezquina, optaron por priorizar el ejercicio bélico sobre el diálogo. Era común ver representantes de la extrema derecha criolla desde sus trincheras mediáticas, “intelectuales” y políticas pidiendo el uso de la fuerza contra todos aquellos que en las calles mostraran no estar plegados al discurso oficial, a la par que los gobernantes asfixiaban de forma constante cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo.
El resultado de esta arremetida contra la juventud nos quitó la vida de Lucas los ojos de. Yesid y la libertad de Yurany, por mencionar a algunos. En este contexto de continuas agresiones la CIDH optó por visitar la convulsa Colombia, para encontrarse con un territorio donde existían vulneraciones a los derechos humanos a granel.
Resultado de las continuas agresiones, la CIDH optó por enviar una serie de recomendaciones al Estado Colombiano, con la finalidad de salvaguardar algo que en muchos países se da por descontado, los derechos humanos de los manifestantes. Las recomendaciones le recuerdan al Estado la necesidad de que los entes gubernamentales no usarán la fuerza letal en las manifestaciones, el requisito de tener motivos fundados para detener a alguien e incluso les recordó prohibirles a los funcionarios comportamientos que vulneren la integridad de las mujeres y la población diversa, todo esto sin eco en el gobierno Duque.
Pese a la insistencia de organizaciones nacionales, internacionales e incluso legisladores, el Gobierno nacional se dedicó a minimizar las más de 5.000 restricciones arbitrarias reportadas, los más de 100 casos de violencia de género registrados en las protestas y las decenas de asesinatos cometidos en el marco del paro nacional, asegurando mediante sus tecnócratas de forma indolente que “Las recomendaciones no eran obligatorias”, a la par que mencionan las paupérrimas cifras de enjuiciamiento a funcionarios que tratan, sin éxito, de tapar la impunidad que reina ante las agresiones provenientes del Estado.
Hoy cuando se cumplen cinco meses del inicio de las protestas quiero rendir un sentido homenaje a todas las víctimas de violencia policial. A ustedes que dejaron sus sueños, integridad e incluso existencia en la lucha por un país mejor, hoy les digo que quizás el gobierno se ha cansado de escuchar las voces aún hoy retumban en sus corazones; pero nosotros no nos cansaremos de buscar justicia.
