Según la noticia de El Tiempo del día domingo 21 de abril, titulada “Cansados de la extorsión, ciudadanos están creando grupos de seguridad armados en zonas de Bogotá”, en el 7 de Agosto “se formaron contra grupos de ciudadanos que se unieron para formar un frente de seguridad para “protegerse de la delincuencia”… “Hay quienes aseguran que los miembros de estos nuevos grupos de seguridad que operan a lo largo de 11 cuadras en el Siete de Agosto están uniformados y cuentan con armas de defensa personal”.  Según esta noticia “En barrios de Santa Fe, Candelaria y Kennedy también hay rastro de esto. Sin embargo, la situación allí es diferente porque la presencia de estos grupos o “frentes de seguridad” es menos latente”.

Como parte de esta noticia “EL TIEMPO conversó con Jesús Miranda, líder de un frente de seguridad y defensor de la implementación de la legítima defensa, quien explicó que esto es necesario porque debe haber alguien que tenga una reacción inmediata ante las situaciones de criminalidad”. Este señor sostiene “Yo coordino un grupo de vigilancia que está armado, y usamos las armas traumáticas para disuadir al delincuente (…); a veces, las autoridades se demoran o, incluso, no llegan”. Señaló que en algunos frentes de seguridad de la ciudad los integrantes “andan con armas letales o traumáticas” que les permitan contener la delincuencia”.

Esta línea, donde los ciudadanos armados se puedan defender, también la plantea el director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca Juan Esteban Orrego “Hay una propuesta y es quitar la restricción del porte de armas con salvoconducto, que muchos de los comerciantes tienen, pero que no pueden usar debido a la legislación actual. Yo creo que a los comerciantes que tienen un arma con salvoconducto se les debería permitir portarla, y así los delincuentes lo pensarían dos veces antes de cometer muchos delitos”, dice Juan Esteban Orrego.

Estas situaciones van a incrementar la violencia en los territorios y el problema está en que la extorsión y otros problemas de inseguridad se siguen tratando sólo con intervenciones de la Policía, Fuerzas Militares y la Fiscalía, que desde luego son fundamentales, pero hace falta la participación de otras instituciones del Estado que deben trabajar de manera cercana a los ciudadanos y comunidades afectadas, fortaleciendo o creando capital social, transformando los entornos urbanos y mejorando la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social.

El argumento es que donde se impone la extorsión y el control territorial de los grupos delincuenciales hay ausencia del Estado y la única medida que toman las autoridades nacionales y locales es mandar policías y fiscales para solucionar estos graves problemas. En muchos casos estas acciones solo logran paliar estos problemas por un momento y no solucionarlos de fondo.

En el caso de Bogotá, especialmente en los territorios donde se vienen presentando estos graves problemas, hay que preguntar dónde están las alcaldías locales, los inspectores de policía, las unidades de mediación, los gestores de convivencia, en general las casas de justicia. Dónde están los servidores públicos que solucionen los problemas de iluminación, basuras, vías, movilidad, entornos urbanos deteriorados, desorganización y ausencia de participación ciudadana y comunitaria, entre otros problemas.

La extorsión y otros tantos problemas de inseguridad no se solucionan solo con la presencia y accionar de la Policía y la Fiscalía en los territorios donde se presentan, se requiere una acción integral donde participen las autoridades anteriormente mencionadas, se requiere cercanía de todas las instituciones del Estado con los ciudadanos y comunidades, creación y fortalecimiento del capital social donde de manera conjunta y participativa con las comunidades se solucionen los problemas de violencia, delincuencia y desarrollo social.

Frente a la extorsión, adicional a las acciones de presencia y control de la Policía y la Fiscalía en los territorios afectados, se requiere la intervención de otras instituciones del Estado que promuevan la organización comunitaria, la participación ciudadana, la convivencia, el bienestar y el desarrollo territorial; un Estado cercano que se gane la confianza de los ciudadanos y que con sus acciones disuada y prevenga la presencia y accionar de los grupos delincuenciales o que con la intervención integral, incluidas las instituciones de seguridad y justicia, recupere la seguridad y la convivencia ciudadana.         

Hugo Acero