En Colombia, hay personajes que se han hecho célebres no por lo que construyen, sino por lo que arrasan. Funcionarios que, escudados en un discurso de legalidad, han convertido el poder judicial en arma política, trampolín electoral, escudo para sus aliados y látigo para sus adversarios. Entre ellos, una figura que resuena con particularidad, es Claudia Carrasquilla, la ex fiscal que pasó de los estrados judiciales a enfrentar acusaciones en su contra. 

Hoy es concejal de Medellín por el Centro Democrático, pero por años fue la fiscal de confianza del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, con quien llegó a los más altos cargos de la Fiscalía General de la Nación. Catalogada como una mujer implacable contra el crimen organizado, como la cara dura del Estado frente a las mafias, pero tras esa imagen férrea se escondía una práctica que hoy estremece; la construcción de presuntos montajes judiciales, la manipulación de testigos y la fabricación de procesos judiciales.

Carrasquilla llegó a ser directora de Fiscalías contra el Crimen Organizado gracias a la confianza del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, quien la impulsó también a lanzarse al Senado por Cambio Radical. Luego de fracasar en su intento electoral, buscó ser ternada como fiscal general durante el gobierno de Iván Duque. Tampoco lo logró. Pero la ambición no se detuvo, se convirtió en aliada de Federico Gutiérrez y hoy hace parte de las filas del Centro Democrático en el Concejo de Medellín.

Pero el pasado no perdona, y mucho menos cuando hay vidas afectadas. Carrasquilla acaba de ser acusada formalmente por la Fiscalía por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. ¿El motivo? Un caso judicial fabricado contra 14 policías en 2015, a quienes se les atribuyeron delitos sin pruebas suficientes, con testimonios dudosos, interceptaciones que no existieron y documentos manipulados. Al menos uno de los policías, William Molina Torres, estuvo cuatro meses preso injustamente, antes de que saliera a la luz la realidad, pues los cargos eran insostenibles, y lo que había detrás era un montaje.

Todo indica que lo que se presentó en su momento como un gran golpe contra una red criminal, presuntamente era un falso positivo judicial, uno de los más vergonzosos que se hayan registrado en los últimos años. En lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes, se optó por llenar titulares, inflar estadísticas y mostrar resultados a cualquier precio, incluso si eso implicaba destruir la vida de servidores públicos inocente a través del abuso de poder.

Ahora, durante su tiempo como fiscal en Medellín, Carrasquilla fue denunciada por haber liderado un entramado de falsos testigos para fabricar procesos penales, según múltiples testimonios, se habría conformado un cartel de testigos dirigidos desde su despacho, con el objetivo de construir casos, obtener capturas y demostrar eficiencia ante los medios, mientras en realidad se manipulaba la verdad y se usaba el aparato judicial como herramienta de ascenso político. Muchas de esas capturas hoy están bajo revisión, pero la pregunta es clara: ¿cuántos inocentes pasaron por la cárcel para que ella pudiera aparecer en una rueda de prensa?

A pesar de este prontuario, Carrasquilla se ha convertido en una de las principales voceras de la supuesta “seguridad” en Medellín. Habla con autoridad, acusa sin pruebas, insulta a sus contradictores, y denuncia al presidente Gustavo Petro por delitos que hoy le son imputados a ella misma. En una reciente declaración, afirmó que los pactos de paz urbanos impulsados por el Gobierno eran “pactos de impunidad”, mientras carga sobre sus hombros una acusación por haber fabricado procesos judiciales falsos. ¿Con qué autoridad moral lo hace?

Este caso no puede pasar desapercibido, lo que revela el caso de Claudia Carrasquilla no es solo la caída de una funcionaria, sino el colapso de una idea de justicia que ha sido usada como herramienta de prestigio y venganza. Mientras no se depuren las instituciones y se ponga freno a quienes convierten la ley en un arma de conveniencia política, seguirán prosperando los falsos héroes y multiplicándose las víctimas silenciosas del poder. Colombia no necesita más implacables sin verdad, necesita garantías, memoria y justicia real, el cambio es imperativo.

Alejandro Toro