En medio de la grave crisis que enfrenta Colombia, es crucial comprender la complejidad de la situación y distinguir entre los problemas estructurales y las coyunturas que reflejan el deterioro del panorama. Un ejemplo reciente es el alarmante anuncio de Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, quien advirtió: “A hoy no existe gas para diciembre en Colombia”. Esta declaración se refiere a la incapacidad actual de asegurar el contrato por 5 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), necesarios para el funcionamiento de las compresoras que garantizan el flujo de gas entre la costa y el interior del país.

Este incidente, sin duda preocupante, podría comprometer el abastecimiento nacional si no se resuelve antes del 30 de noviembre, fecha en la que culmina el ciclo contractual del mercado de gas en Colombia. Sin embargo, es fundamental subrayar que este es solo un síntoma de un problema mucho más profundo: la crisis estructural que afecta al sector energético.

Si no se garantiza el suministro de gas para las compresoras, las consecuencias serán inmediatas y graves. El suministro al servicio público domiciliario, el gas vehicular, el sector industrial y, en última instancia, todos los colombianos estarían en riesgo. A pesar de ello, se prevé que la situación se resolverá mediante la importación, un recurso cada vez más utilizado para cubrir la demanda nacional, aunque con un impacto económico creciente.

Colombia consume en promedio 1.000 MPCD, con variaciones significativas en momentos de alta demanda, como durante las sequías que limitan la generación hidroeléctrica. En los últimos meses, cerca del 15% de esa demanda se ha cubierto mediante gas importado, lo que ha encarecido el costo de la energía eléctrica. Este aumento de costos pronto se reflejará en otros sectores, como el transporte de gas, que verá afectados sus precios para mantener operativas las compresoras.

Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 11 millones de usuarios domiciliarios de gas natural, además de pequeños comercios y una gran cantidad de industrias. A esto se suman cerca de 650.000 vehículos convertidos a gas natural.

El verdadero problema estructural en el servicio público domiciliario de gas natural en Colombia es la decisión del actual gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración, junto con una serie de medidas que han desincentivado al sector. Bajo el pretexto de una política pública en favor del medio ambiente, se ha impedido la incorporación de nuevas reservas, lo que agrava el riesgo de perder la autosuficiencia energética.

Hoy, la industria petrolera, clave para solucionar de fondo esta crisis, se enfrenta a un panorama sombrío. Las medidas tributarias, las restricciones para obtener licencias y permisos, el aumento de la conflictividad social en las zonas de influencia de los proyectos, y la retórica destructiva del presidente han puesto en jaque al sector.

Desde la UTIPEC, compartimos la preocupación expresada por varios sectores ante la inminente pérdida de la soberanía energética del país. Hacemos un llamado a los trabajadores y a toda la sociedad colombiana a reconocer la importancia crucial de la industria minero-energética. Es hora de unirnos en defensa de este sector, patrimonio de todos los colombianos. Si permitimos que el gobierno actual continúe debilitándolo, las consecuencias serán desastrosas para todos.

Alejandro Ospina