El 16 de enero de 2025 el llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN, una fuerza armada Proxy, o ejército vicario del régimen de Venezuela, lanzó una amplia ofensiva en la zona del Catatumbo con el objetivo inicial de expulsar de la región a los elementos del frente 33 las disidencias de las FARC. Esta operación requirió meses de planeación, organización logística y trabajo de inteligencia humana y técnica para establecer los blancos, definir las misiones y desplegar la fuerza en una amplia zona que incluía los municipios de Tibú, El tarra, Hacarí, Teorama, Convención y Ábrego, un enclave cocalero de por lo menos 50.000 hectáreas.

El ELN debió movilizar hombres entrenados y mandos capacitados desde Arauca cruzando la frontera hacia Venezuela hacia el estado de Apure, donde cuenta con bases de operaciones y una presencia consolidada y luego transitar por los estados de Táchira y Zulia para reingresar a territorio colombiano en el Catatumbo donde se sumaron al grupo del frente Efraín Pavón. En total la operación contó con casi 2000 hombres desplegados en toda la región.

Esta acción generó una crisis humanitaria sin precedentes. En las primeras 48 horas se reportaron por lo menos 80 muertos en su mayoría personas que el ELN había identificado como activos civiles de apoyo, milicianos y colaboradores del frente 33. En los siguientes días, más de 56.000 personas fueron desplazadas por los combates, mientras los hombres en armas de las FARC se replegaban abandonando la zona con un número de bajas no estimado.

El ELN no hubiera podido realizar una operación de esta magnitud si el conocimiento, consentimiento y apoyo activo del régimen de Venezuela. De hecho, esta fue el primer paso de una estrategia conjunta de control territorial y proyección de poder del gobierno bolivariano en territorio colombiano, en acuerdo con el Pacto Histórico y en un marco geopolítico amplio que implica la imposición de un modelo de gobernanza criminal, clonado del venezolano, en nuestro país, comenzando por la creación de una zona influencia en la frontera nororiental, que es a lo que llaman ahora formalmente, zona binacional.  

El gobierno colombiano y el venezolano consideran que el control de este amplio territorio, convertido en una zona gris, es estratégico para la permanencia en el poder de uno y otro, porque hace posible desarrollar actividades que permiten a la régimen de Venezuela esquivar las sanciones internacionales, operar con mayor eficacia las actividades relacionadas con narcotráfico y explotar recursos en una zona muy rica, Norte de Santander, Cesar y la Guajira, frente a la catástrofe económica de los Estados de Táchira y Zulia.

Desde  2015 Táchira ha perdido el 41% de su población debido a la migración y Zulia el 31.5% por el mismo motivo. Para Venezuela la creación de esta zona binacional, controlada territorialmente por sus proxis del ELN, es el equivalente de haber logrado la victoria en una guerra de conquista por recursos y población. Para el gobierno del Pacto Histórico es poner en marcha un piloto, una prueba en terreno, del modelo de gobernanza criminal con el que buscan sustituir la democracia colombiana.

Es muy probable que en el marco del desarrollo de esta estrategia se declare una segunda zona binacional, que abarcaría para Colombia los departamentos de Arauca, Vichada y Guainia, de manera que el régimen de Venezuela pueda controlar toda la franja fronteriza con el ELN como fuerza de vanguardia y autoridad de frontera de facto, respaldado por las capacidades de la FANB, e ir ocupando rápidamente la zona con población militante o afecta a la revolución bolivariana, al ELN y al Pacto Histórico.

Un territorio tan amplio constituye también en el mediano plazo una plataforma de retaguardia estratégica para avanzar sobre el centro geográfico del país y el Caribe siguiendo el modelo de guerra hibrida con el cual llegaron a la declaración de esta primera zona binacional, pero el objetivo es la “patria grande” como la llamaba Chávez.

Es importante tener claridad en cuanto que no estamos frente un error estratégico del gobierno de Colombia, sino frente la ejecución de una estrategia conjunta de conquista territorial y control político entre el Pacto Histórico, el régimen bolivariano y sus socios en las organizaciones criminales. Esta asociación existe hace tiempo y explica, o arroja luz, sobre muchos eventos y acciones aparentemente inexplicables del gobierno de Colombia. Estamos como sociedad frente un escenario de guerra política, nosotros no la declaramos, pero tenemos que pelearla y ganarla.

Jaime Arango