En días pasados el secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República Andrés Idárraga, señaló en Sigue La W que “hay que acabar con los regímenes especiales para evitar que continúen los ‘contrataderos’ en las regiones del país”. Estaba hablando de Empresa Comercial e Industrial del Estado Faro del Catatumbo S.A.S., como un muy probable caso descarado de corrupción; pero no solo no es el único, sino que ya es generalizado en la contratación pública en una gran cantidad de los municipios y gobernaciones a lo largo y ancho del país.

La palabra “CONTRATADERO” fue acuñada en 2020 por el ingeniero Rodrigo Fernández como resultado de su seguimiento a la gestión contractual de las Entidades Públicas y las Entidades Territoriales, en el que protuberantemente encontró que Empresas Industriales y Comerciales del Estado, de origen ordenanzal o de acuerdo municipal, vienen siendo utilizadas masivamente por las Entidades Territoriales para eludir la Ley 80 de 1993 y los Pliegos Tipo.

Al eludir la Ley 80 y los Pliegos tipo, pueden poner condiciones en el pliego a la medida (pliegos sastre) del proponente que ya se sabe que la va a ganar (el ungido) porque ha sido previamente escogido por el Gobernador o Alcalde y que además, seguramente obedece a una componenda previa con un Congresista que ha “facilitado” la asignación de recursos de una entidad central del Estado, por lo que también pueden haber participado funcionarios de alto rango, hasta Ministros… Final y normalmente sólo se presenta el ungido, o acompañado por uno o dos más que, ¡oh sorpresa! no terminan el trámite de la licitación satisfactoriamente por algún motivo. Toda una metodología paraestatal ilícita para esquilmar los recursos públicos que se ha propagado como cáncer en todo el país.

Para ayudarle al Secretario Idárraga, a continuación una lista no completa de contrataderos identificados en estos años de seguimiento, por sus prácticas presumiblemente corruptas en la contratación pública:

Agencia de Desarrollo local de Itagüí ADELI, Itagüí, Antioquia.

Asociación Regional de Municipios del Caribe Colombiano AREMCA, Barranquilla, Atlántico.

Asociación de municipios de Urabá ASOMURA, Antioquia.

Asociación de municipios solidarios y sostenibles ASOMUSSIN, Montería, Córdoba.

Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, Floridablanca, Santander.

Empresa de desarrollo urbano de La Ceja EMDUCE, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano de Marinilla SUMAR, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano del norte de Antioquia EDUNA, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano y hábitat sostenible de Turbo EDUH, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano de Barranquilla EDUBAR, Atlántico.

Empresa de desarrollo urbano y rural del municipio de Bello EDUNORTE, Antioquia.

Empresa de desarrollo sostenible de Rionegro EDESO, Antioquia,

Empresa de desarrollo urbano de Medellín EDU, Antioquia.

Empresa de desarrollo urbano de Apartadó, Antioquia.

Empresa para el desarrollo territorial PROYECTA, Armenia, Quindío.

Empresa de desarrollo local de Itaguí ADELI, Antioquia.

Empresa de vivienda y desarrollo urbano y rural del municipio de Envigado DESUR, Antioquia.

Empresa para la competitividad territorial del municipio de Girardota GIRACOM, Antioquia.

Empresa Autónoma de Guatapé EAG, Antioquia.

FARO DEL CATATUMBO, Cúcuta, Norte de Santander.

Fondo de desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN, Cundinamarca.

FUNDACIÓN FONDO MIXTO PARA ETNOCULTURA, MEMORIA Y CONVIVENCIA DEL CHOCÓ, Chocó.

FONDO MIXTO SIERRA NEVADA, Valledupar, Cesar.

FONDO MIXTO para la promoción del deporte, el desarrollo integral y la gestión social, Cali, Valle del Cauca.

Fondo mixto para la promoción de las energías renovables, el desarrollo integral y la gestión social FONER, Cali, Valle.

Fondo mixto para el desarrollo integral y la gestión social de Colombia FONCOLOMBIA, Bucaramanga, Santander.

Fundación Universidad del Valle FUV, Cali, Valle.

PROFLORIDABLANCA, Floridablanca, Santander.

PROMUEVE MÁS, Departamento de Caldas, Manizales.

PUERTA DE ORO, Barranquilla, Atlántico.

UNIDOS CAUCASIA, Caucasia, Antioquia.

Desde la sanción de la Ley 2195 de 2022 y, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 56 (aplicación de los documentos tipo a entidades de régimen especial) EDUBAR acogió la norma y está utilizando pliego tipo; pero otros contrataderos “aprovecharon” el parágrafo del artículo 56 para seguir contratando sin pliego tipo. Una burla planificada desde la ley misma.

Trabajo que deberían haber hecho la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para haber evitado la propagación de este flagelo en nuestro territorio. Cuando hacen trampa en una licitación, el asunto es mucho más grave que solo el robo de dineros públicos para coimas y sobornos, sino por al menos dos razones peores: la primera es que, como el objetivo es la corrupción en un contrato, lo que importa es hacer el contrato y no el proyecto de desarrollo a contratar, por el que se generan elefantes blancos, proyectos no prioritarios y proyectos de mala calidad, impactando negativamente a la población afectada (que debería ser beneficiada) retrasando la salida del subdesarrollo en términos generales; y la segunda, es que todo el mundo lo sabe (menos la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, a juzgar por su impresionante propagación) y eso tiene un efecto terrible en la población al validarle con ejemplos cercanos la idea de que la corrupción es “el nombre del juego” y que para ser exitoso hay que ser corrupto. Como advertía antes: ¡gravísimo!

El mismo Secretario de la Transparencia dice que “se ha naturalizado que haya una relación entre la política, entre algunos congresistas, entre organismos de control, entre las autoridades locales…” (Sigue La W, 2023) para… corrupción. En las narices del Estado, de los organismos de control y de todos nosotros, los colombianos. Fuerza y respaldo total al Secretario Idárraga. Pero la solución es cerrarles el paso a estos regímenes especiales: todo dinero público invertido debe pasar por los controles de la Ley 80 y los Pliegos tipo, al menos. Pero esa solución ya sabemos que está en manos del Congreso: los mismos autores de esa burla planificada desde la ley que ellos, desde luego, no han querido arreglar.

Rafael Fonseca Zarate