Cuando el Gobierno anunció con entusiasmo la creación de una “zona binacional” entre Colombia y Venezuela, se notó el ánimo de poder ayudar a la hermana república. Más allá de las consideraciones políticas y de seguridad, hay un riesgo mucho más sutil, pero potencialmente más devastador: la extensión de las sanciones del régimen de Nicolás Maduro hacia la economía colombiana. Disfrazar esta iniciativa como un ejercicio de paz o de integración económica puede ser inteligente, pero el daño para Colombia podría ser letal. Uno se puede creer vivo, pero no todo el mundo es ingenuo.

Hoy, las sanciones impuestas por EEUU, la Unión Europea y otros países a Venezuela, incluyen restricciones financieras, prohibiciones de inversión, congelamiento de activos y limitaciones para operar. Estas sanciones no son meramente simbólicas: afectan la banca, el comercio, la inversión extranjera, las exportaciones y hasta los seguros. Si Colombia establece una zona con normativa conjunta o mecanismos institucionales compartidos con Venezuela, corre el riesgo de ser vista como un territorio parcialmente integrado a una economía sancionada. Sin trazabilidad perfecta toda la economía colombiana quedaría contaminada.

¿Cómo evitar que mecanismos de cumplimiento de sanciones internacionales —como el sistema OFAC o las listas grises del GAFI— comiencen a mirar a Bogotá como miran a Caracas? Imaginemos lo obvio: una empresa venezolana sancionada que opere en la zona binacional podría, por vía indirecta, acceder a contratos, financiamiento, tecnología y operaciones que le están prohibidas en su país de origen. ¿El resultado? Un riesgo sistémico para todo el aparato productivo colombiano, particularmente en los sectores financiero, logístico, energético y de comercio exterior.

No es una exageración. Monómeros ya enfrentó controles, suspensiones y observación internacional por sus vínculos con el Estado venezolano.  Tal vez por eso no lo estén vendiendo. Si una figura jurídica binacional se formaliza sin blindajes legales, Colombia podría convertirse “puente de evasión” de sanciones, con consecuencias gravísimas para nuestra estabilidad macroeconómica. Además, esta zona está siendo diseñada sin reglas claras, sin consulta con los gremios, sin evaluación de impacto regulatorio y sin control del Congreso. La narrativa oficial es que “no afecta la soberanía” que “son mecanismo ya previstos en la ley”, pero en la práctica podría convertirnos en co-responsables jurídicos de las restricciones que hoy asfixian a Venezuela. Es decir, pasamos de la neutralidad diplomática al involucramiento directo.

Las compañías multinacionales, por precaución, evitarán operar en una zona gris. Colombia no puede darse el lujo de perder confianza en los mercados internacionales justo cuando enfrenta un déficit creciente, inflación estructural y un aumento del riesgo país. Lo más grave es que esta política se presenta como una apuesta de “cooperación fronteriza”, cuando en realidad es una trampa geopolítica que exporta las sanciones venezolanas a todo el territorio colombiano. La integración económica entre países es positiva cuando se hace con marcos legales transparentes, reglas multilaterales, y confianza mutua. Pero unirnos con un Estado sancionado, sin hoja de ruta, sin límites normativos y sin control institucional, es una apuesta temeraria que Colombia podría pagar muy caro.

Simón Gaviria