No puede ser que luego de tener que dar la pelea jurídica por lograr que se aprobaran las 16 curules para las víctimas, ahora se aproxime una segunda guerra porque hay dos sectores que se podría quedar por fuera de este beneficio transicional, es decir los ganaderos por un lado y los policías y militares por el otro.

Partiendo de que debe primar el principio de universalidad, bastaría con ser víctima del conflicto para querer acceder a esta especie de beneficio, el problema está en que este se hizo con el fin de darle voz a las personas que se han visto perjudicadas por el conflicto armado en los territorios apartados del país y que no sienten representación en ninguno de los congresistas actuales, quienes les buscan solo cuando necesitan votos para llegar al legislativo o para reelegirse en el cargo.

Las curules para la paz están previstas para los municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como PDET. La elección de estas curules se desarrollará solamente en los puestos de votación que están en las zonas rurales, es decir, quienes viven en las zonas urbanas no podrán votar. Será un Representante a la Cámara por cada grupo de municipios, que están reunidos en 16 subregiones, según la zona geográfica.

Solamente podrán ser candidatos las personas que acrediten su condición de víctimas, algo que debe ser demostrado con una certificación de la Unidad de Víctimas, que debe señalar explícitamente si está en el registro. Otra condición es haber nacido en el lugar y llevar al menos tres años viviendo allí o ser un desplazado de la zona y estar en proceso de retorno. Los Partido Políticos con Personería Jurídica no podrán presentar candidatos. Tampoco el Partido Comunes, que surgió del acuerdo de paz.

Las condiciones para acceder a una de estas 16 curules han provocado el reclamo de un grupo de policías y militares víctimas del conflicto, quienes puede ser que tengan cierto tipo de beneficios por ser agentes del Estado, pero que por haberse visto perjudicados por alguno de los actores armados ilegales, exigen su presencia con el argumento de que no sienten representación en ninguno de quienes aspiran a la elección al Congreso de la República. Lo mismo ocurre con los ganaderos víctimas del conflicto quienes al igual que los policías y militares, quieren que uno de ellos sea quien los represente en el legislativo.

No sería extraño que estos acudan a alguna de las altas cortes para exigir que una de esas curules sea para alguien que integre su sector, lo que de inmediato volvería a enredar las cosas y esta vez con justa razón, porque no se puede desconocer que estamos hablando de un grupo de personas que también se vieron perjudicadas por las atrocidades de la guerra interna y que no sería justo dejarlas por fuera.

Es claro que la idea era darle voz a los territorios donde el conflicto armado se vivió y se vive con más intensidad, pero no fue justo dejar por fuera a militares, policías y ganaderos que también vieron vulnerados sus derechos y de una u otra forma sus vidas fueron afectadas.

El reclamo en esta ocasión es justo.