El objetivo es convertir a las organizaciones criminales en vanguardia política y a su retaguardia social en “poder constituyente”. Una mezcla de Iván Mordisco y Antoni Negri, con espada, sotana y sombrero. ¿Semejante proyecto es posible?  Sabemos que cuando el estado se debilita la delincuencia organizada aparece como un sustitutivo en la provisión de servicios, sin embargo este fenómeno ha sido siempre una dinámica de confrontación entre el estado mismo y fuerzas externas, pero lo que está sucediendo en Colombia es que desde el gobierno se está promoviendo un escenario para que la sociedad civil sea expulsada de la vida política y sustituida por   el crimen organizado con el propósito de imponer un nuevo orden social.

En este caso no estamos frente al crimen organizado como una amenaza independiente a la democracia, sino frente a un grupo político en el poder, aliado con sectores de intereses especiales, que busca asociarse con los criminales para fundar algún tipo indeterminado de hegemonía política que sustituya el sistema liberal y la sociedad abierta mediante la degradación de la democracia hasta llevarla a un estado crisis que haga irreversible su abolición.

En esta estrategia el estado ya no es el defensor de la sociedad. Los operadores políticos gubernamentales implementan tácticas de cobertura para impulsar a sus aliados del crimen organizado en la ocupación de territorios, control de la población y legalización de activos, estas acciones pueden llevarse a cabo bajo la etiqueta de “acuerdos de paz”, “cese al fuego”, “acuerdos humanitarios”, debilitamiento de la fuerza pública y corrupción de las autoridades regionales. Juan Linz, en su libro La quiebra de las democracias, afirma que “la calidad de la democracia depende de la calidad del estado” y este caso estamos frente a un estado que propende por convertir en legal lo ilegal, con cual pone a los ciudadanos fuera de la ley y cuestiona la legitimidad del estado de derecho.

Cuando se habla de gobernanza criminal siempre surge como referencia Venezuela, porque de hecho es un estado hibrido controlado por una constelación de organizaciones criminales bajo una dirección política, pero cuando el chavismo cooptó la criminalidad lo hizo para extender rápidamente su control social y cuando ya era la pandilla más grande del barrio. No es el caso de Colombia. El Pacto Histórico no es la organización más fuerte, ni militar, ni políticamente. En realidad, no es ningún pacto diferente del “Pacto de la Picota” y no cuenta con la fuerza suficiente para reemplazar la Constitución de 1991. Pero lo intenta porque es su estrategia de conquista, uso y mantenimiento del poder.

 No sabemos exactamente que contenido pueda tener el proyecto de Constitución de la Picota, pero hemos visto como mediante un ejercicio constante de “constitucionalismo abusivo” se ha desnaturalizado la ley y se empobrecido la actividad legislativa. A los suscriptores del Pacto de la Picota no les interesa la derogación de la ley sino su manipulación y mantener una constante simulación de legalidad, moviéndose en zonas grises, en un ámbito impreciso, en medio de un relato deliberadamente confuso que favorece los intereses de las oligarquías partidarias y protege los actores del crimen organizado, bajo la presunción de que podrán convertir un pacto criminal en un pacto político que tenga legitimidad.

En teoría esto es posible. Georg Jellinek  expone que hay reformas constitucionales y hay mutaciones constitucionales, esto último es que la constitución adquiere un sentido nuevo sin pasar por una reforma, sino vía interpretación, un cambio no formal, no cambia el texto pero se le asigna un significado diferente y es por esta vía  que se está imponiendo un orden nuevo, apenas percibido, en que va tomando forma un sistema autoritario de gobernanza criminal.  

Sin embargo, los acuerdos en la ilegalidad y con ilegales tienden a ser muy inestables y esto se traduce en una atmosfera social confusa e impredecible en la cual prospera la violencia con fines políticos con el objetivo de eliminar, intimidar, o aislar socialmente a quienes se oponen al proyecto de captura del poder, o pueden sustituirlo. Por eso es vital para los actores del pacto controlar el proceso electoral, y si no, debitarlo, hacerlo ilegitimo, o no llevarlo a cabo hasta no tener la certeza de que podrán ganar y continuar en el ejercicio del poder.

Estamos frente una realidad compleja en que el crimen organizado es nuevo partido y es de hecho el partido de gobierno y no pueden, por fuerza, perder las elecciones y necesitan un nuevo acuerdo social que garantice el uso impune de su poder. La consecuencia directa del Pacto de la Picota es que produzca la nueva Constitución de la Picota.

Jaime Arango