De vez en cuando, más grande es más fácil o por lo menos, ese es el caso de la protección de la Amazonia. Tiene más sentido la conservación integral que el esfuerzo aislado de cada país. Desde la óptica de consecución de recursos, pocas causas son tan estratégicas globalmente como la defensa de la Amazonia. Eventos como la COP 26 son idóneos para retar al mundo con grandes iniciativas. Aunque esfuerzos menores de donantes son siempre bienvenidos, como países Amazónicos debimos plantear algo en grande en recursos y acciones. Otros si lo hicieron, cientos de millones de dólares se fueron a multilaterales para que después no los presten.

La Amazonia y playas de Ipanema definen a Brasil, en Perú es parte de su identidad y riqueza culinaria, pero en Colombia le damos la espalda a nuestra selva. Su lejanía logística y poca población, junto a su bajo aporte a la economía la han convertido en cenicienta. Algunas zonas Amazónicas son tierra de nadie en donde prospera la ilegalidad, el turismo es prácticamente nulo y no son prioridad de inversión.

De los 7.4 millones km de la Amazonia, 6,2% están en Colombia. La habitan 50 millones de personas, incluyendo 2.5 millones de indígenas hablando más de 300 idiomas. El Amazonas alberga 10% de la biodiversidad global, 20% del agua dulce y 60% de los bosques tropicales del mundo. Lamentablemente, según Science Panel of the Amazon, durante 50 años se perdieron 17% de los bosques nativos.

El respiro que la pandemia, al cesar actividad humana, le dio a otras ecosistemas, no aplicó para la Amazonia, durante ésta se arrasaron más de 2,3 millones de hectáreas de bosque natural, el equivalente de una cancha de fútbol cada minuto. A pesar de un nuevo enfoque legal de protección, en el 2020, por segundo año consecutivo, Colombia lidera el número de asesinatos de defensores ambientales en el mundo.

Los retos sociales ya eran grandes antes de la pandemia, el 59% de la población del departamento del Amazonas vivía con inseguridad alimentaria. A esto se suma la intensificación de las lluvias durante 2021 que eliminó cosechas ya estructuralmente débiles. El contexto social explica, en parte, la minería ilegal de los ríos Amazonas y Cotuhe, núcleos de deforestación del Parque Nacional Amacayacu, así como alta deforestación en la zona de frontera con Brasil y Perú. La visión de responsabilidad social y ambiental es la requerida.

Colombia lideró el Tratado de Leticia en el 2019, en sus principios es un documento idóneo. Un hito institucional que crea la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Es hora de materializar en proyectos de inversión los propósitos de la iniciativa. Aunque hacen falta más esfuerzos como la del Instituto Igarape construyendo datos sobre la Amazonia, estamos tarde frente la estructuración de iniciativas, hay definir que se va a invertir los recursos y hacerlo.

Plata hay, el BID lanzó un fondo principalmente de deuda por US$645 millones para la Amazonia. Habría más fondos si nos enfocamos en nuevas áreas como bonos globales de carbono. La clave es entender que cohabitar con la riqueza natural no es suficiente, se requiere ofrecer resultados. Salvar al Amazonas no se puede quedar en construcción de burocracia ni consultores internaciones, Colombia debe entender que también es Amazónica.