“El poder constituyente configurado de manera física es el partido insurreccional”, dice Toni Negri y como Negri es el autor en el cual Petro se basa para construir su idea de una reforma constitucional, entonces el poder constituyente vendría a ser el Pacto Histórico.

Es una visión totalitaria, según Negri “una nueva constitución no tiene otra que hacer que reconocer identidades como singularidades dentro de lo común”, es decir la creación de una dictadura constitucional por eso en la exposición de motivos presentada por el gobierno se refieren a un estado unido.

Esta propuesta no busca cambiar la constitución sino el orden constitucional. Pero más allá de las consideraciones jurídicas, la convocatoria es un hecho político que le permite al gobierno superar su fase de movilizaciones puntuales, aisladas, minoritarias y fallidas y entrar en un ciclo de movilización constante con un objetivo estratégico.  

Es la misma constante de transferencia de presión a la sociedad, pero esta vez con un lenguaje político coherente. Por eso la radicalidad de la propuesta que busca crear un escenario del pueblo contra la ley. Siguiendo a Negri, “el poder constituyente se presenta como una figura catastrófica”.

Traducida al marco de comunicación política la “asamblea popular constituyente” es una forma de poner en duda la legitimidad para gobernar. Si es necesario cambiar el orden constitucional es porque se ha venido ejerciendo el poder sin legitimidad y es necesario crear una nueva, de manera que quienes busquen hacerse elegir bajo el orden constitucional vigente pueden ser coaccionados, atacados y expulsados de la comunidad política porque representan una aspiración ilegitima, es más, no representan a nadie.

Por eso, la respuesta que plantea Abelardo de la Espriella de responder a la constituyente con el juicio político es correcta estratégicamente, le está diciendo al líder del “partido insurreccional” que es él quien gobierna sin legitimidad porque está fuera de la ley y el poder solo puede volver al cause constitucional si el presidente es juzgado, la impunidad presidencial suspende el pacto social, el juicio político devuelve la soberanía al pueblo y restaura la legitimidad del orden político, independientemente de cual sea el resultado de dicho juicio.

Estamos viviendo bajo un estado de excepcionalidad permanente porque se ha inducido una excesiva politización de la vida pública, que se desarrolla en un mosaico caótico de fetiches y símbolos históricos, en una realidad alternativa, identitaria, Kitsch y reaccionaria. No se gobierna por la adhesión sino por el odio y ese odio se ha transformado en la gramática del lenguaje político.

El llamamiento al pueblo para que constituya un nuevo orden social no es más que un intento de llevar adelante un proceso de captura del poder mediante una campaña no contra un candidato, sino contra el sistema.

Que esa sea la intención, no significa que se pueda llevar adelante y mucho menos que tenga éxito, en primer lugar, porque ese pueblo que quieren convocar no existe, estamos en una nueva organización social conformada por ciudadanos y los ciudadanos no son pueblo, además porque no existe una aspiración colectiva de crear un nuevo pacto social, ni un nuevo orden, por eso están haciendo una lectura equivocada del escenario electoral, las elecciones ya no son la herramienta para zanjar una controversia política, sino más bien para establecer las condiciones en las cuales el objetivo político podrá lograrse y es por eso que quienes promueven el poder constituyente como un vasto juicio público al sistema, acabaran siendo juzgados por el sistema.

No se puede olvidar al vieja premisa de la ley común: la ley es del estado, pero la justicia es del pueblo.

Jaime Arango