La movilización del 1º de mayo de 2025 en Colombia ha marcado un punto de inflexión en la política nacional. No se trató de una fecha simbólica más ni de una simple jornada de conmemoración. Fue, en cambio, una verdadera demostración de fuerza y respaldo ciudadano al presidente Gustavo Petro y a su propuesta de convocar una consulta popular que permita sacar adelante la reforma laboral que el Congreso ha bloqueado sistemáticamente. En plazas y calles de todo el país, miles de trabajadores, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones sociales y sectores populares se volcaron masivamente para ejercer lo que la Constitución de 1991 consagra: el derecho a una democracia participativa.

Este respaldo popular no es solo emocional ni coyuntural. Una encuesta reciente de Cifras y Conceptos —realizada entre el 24 de abril y el 3 de mayo en las principales ciudades del país— reveló que el 57% de los ciudadanos está de acuerdo con la convocatoria a una consulta popular. Lo más relevante: cada una de las 12 preguntas propuestas obtendría un respaldo superior al 75%. Este dato es contundente y desarma el relato de quienes pretenden caricaturizar la propuesta presidencial como un “capricho autoritario”.

El contenido de la consulta apunta a garantizar derechos fundamentales largamente postergados. Por ejemplo, el 94% de los encuestados está de acuerdo con que trabajadoras domésticas, madres comunitarias, artistas y otros trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a seguridad social. El 92% apoya que las empresas contraten personas con discapacidad, y otro 92% aprueba que los aprendices del SENA tengan contratos laborales. Incluso la pregunta menos respaldada —la eliminación de la tercerización laboral mediante contratos sindicales— obtiene el respaldo del 75%. Es decir, hay un consenso social amplio sobre la urgencia de estas medidas.

Sin duda el llamado del Presidente a la consulta popular ha logrado conectar con una ciudadanía que empieza a comprender que el modelo de gobernabilidad tradicional, intermediado por los vetos del Congreso, no está respondiendo a las necesidades sociales. El 43% de los encuestados manifestó que probablemente acudiría a las urnas, lo que superaría el umbral exigido del 33,3% del censo electoral para que la consulta sea válida.

Pese a estos datos, la oposición ha reaccionado con temor. La sola posibilidad de que el pueblo decida directamente sobre temas sustanciales del contrato social ha desatado una campaña de desprestigio. Se ha intentado presentar la consulta como una amenaza al equilibrio institucional, como una herramienta de presión o como un símbolo de confrontación. Algunos, incluso, han criticado el uso de la espada de Bolívar por parte del presidente, ignorando el valor simbólico que este gesto tiene para muchos sectores sociales: la lucha por la justicia y la soberanía popular.

Detrás de estas críticas, sin embargo, lo que se esconde es el profundo malestar de una élite política acostumbrada a decidir entre pocos, a espaldas de la ciudadanía. La consulta popular, como herramienta constitucional, no es ni ilegal ni ilegítima. Al contrario, representa una oportunidad histórica para democratizar el poder, para empoderar al pueblo, y para abrir caminos de participación real que superen los límites de la democracia representativa secuestrada por intereses corporativos y clientelistas.

En este contexto, se vuelve fundamental que el pueblo se organice más allá de las marchas y las urnas. Es urgente conformar comités barriales, locales y territoriales por la consulta popular, espacios abiertos, amplios y diversos donde trabajadoras, jóvenes, líderes sociales, comunidades étnicas, organizaciones sindicales y movimientos ciudadanos se articulen para explicar con claridad y pedagogía el contenido y la importancia de esta iniciativa democrática. Solo un pueblo informado puede vencer la desinformación y enfrentar las matrices de odio que pretenden deslegitimar las demandas de justicia laboral y social. Estos comités deben convertirse en un gran tejido ciudadano que defienda el derecho a decidir y a construir un país más justo desde abajo, desde los territorios.

Lo que vimos el 1º de mayo fue un grito democrático. Fue el pueblo diciendo: no aceptamos más bloqueos, queremos decidir. La participación ciudadana no es un riesgo, como lo plantea la oposición; es la base de toda democracia verdadera. Y esa democracia, que hoy defendemos en las calles y que queremos ejercer en las urnas, no puede seguir siendo un privilegio de las élites. La historia nos llama a dar un paso adelante. Si el Congreso no legisla para el pueblo, será el pueblo quien legisle desde las urnas.

Quena Ribadeneira