En política, como en ajedrez, no todo se define con un jaque mate ruidoso. A veces una pieza menor, inteligentemente movida, desmonta una ofensiva. Eso es lo que acaba de ocurrir con la Reforma a la salud del gobierno Petro que hoy naufraga hacia su fin. El artífice silencioso de ese derrumbe tiene nombre propio: Miguel Ángel Pinto. Su victoria en la presidencia en la comisión de salud da casi por cierto que la versión maximalista de la reforma a la salud esta derrotada. Frente al fracaso, el Min Salud no tuvo otra opción que expedir el Decreto 0858 de 2025, una norma que busca implementar las reformas que el congreso no va a aprobar. Una plegaria ilegal que sin duda finalizara en las manos de la corte constitucional.

El Gobierno expidió el “decretazo” en un momento de debilidad política. La narrativa oficial hablaba de urgencia normativa, de necesidades estructurales del Estado, de reformas postergadas por el Congreso. Un profundo afán del gobierno de volver a la época del Seguro Social. Pero detrás del ropaje jurídico se escondía una maniobra riesgosa: legislar sin Congreso en temas que exceden, por mucho, los límites constitucionales de facultades extraordinarias. El Ejecutivo confundió temporalidad con amplitud, urgencia con arbitrariedad.

Desde su expedición, el Decreto mostró grietas jurídicas evidentes: invadía competencias del Legislativo, creaba figuras administrativas sin fundamento legal previo, y modificaba el estatuto orgánico de varias entidades sin que el Congreso hubiera renunciado explícitamente a su potestad. El Decreto 0858 no solo es inconstitucional por invadir competencias, sino que fractura el principio de separación de poderes.

Lo que pocos anticiparon fue que la impugnación más efectiva contra la reforma no vendría de los estrados, sino del mismo Congreso. Pinto, un senador sobrio con olfato para la oportunidad, comprendió que el mejor antídoto contra el abuso normativo no es el ruido, sino la precisión. Sin recurrir al escándalo mediático, un grupo de ocho senadores derroto al gobierno sin que este se diera cuenta de la aspiración. La Comisión VII entendió que un gobierno que legisla sin controles, abre el paso a un gobierno sin límites. Fue una intervención profundamente política: le recordó al país que el Congreso sigue siendo el centro del equilibrio democrático.

Pinto ganó el pulso sin estridencia, con método. Hizo lo que muchos olvidan: defender al Congreso desde la Constitución. Mientras el Gobierno apostó por la velocidad y la unilateralidad, ellos apostaron por el rigor y el consenso. Hoy, el país comienza a comprender que no fue solo una reforma que fracasó: fue un modelo de poder sin frenos, al que las instituciones le dijeron basta. Y así, una norma que quiso parecer inevitable terminó siendo insostenible.

Esto no nació de un pulso de poder o un sentir político, sino de la convicción que nace al ver una esposa sufrir un cáncer. Millones de médicos y pacientes vivirán agradecidos con aquellos senadores que legislan a favor de ellos. Puede que algunos le compren la conciencia, pero el fracaso del modelo de salud que esta matando profesores cada vez es más improbable. Para sorpresa de muchos, las instituciones colombianas si sirven y vale la pena defenderlas.

Simón Gaviria