Colombia se encuentra ante una encrucijada histórica. A pesar de los esfuerzos por construir paz y justicia, la estructura del Estado sigue marcada por las profundas grietas de un modelo económico y político agotado. El neoliberalismo impuesto desde la década de 1990 ha erosionado los derechos sociales, debilitado lo público y ampliado la brecha entre los privilegios de unos pocos y las carencias de las mayorías. El país necesita un nuevo pacto fundacional que abra las puertas a una transformación profunda, democrática y sostenible. Un proceso constituyente que renueve el contrato social y político de la nación.

Este proceso no debe reducirse a una simple convocatoria electoral para elegir unos dignatarios encargados de redactar una nueva carta magna. Estamos muy afectados como proyecto de país para creer que con la elección de unas cuantas personas que se reunirán con sus asesores a puerta cerrada, imponiendo mayorías, saldremos de la crisis de violencias, inseguridad y pérdida de legitimidad del Estado. De allí la importancia de prepararnos con seriedad y compromiso para desatar un proceso con tiempos holgados, metodologías novedosas y una amplia participación ciudadana.

Un proceso de carácter político y pedagógico que parta desde los territorios, con un esfuerzo comunicativo generoso que le hable a todos los sectores sociales, que escuche y conecte con sus realidades, dolores y esperanzas. Debe ser un proceso participativo que fortalezca la descentralización, el poder de decisión de la ciudadanía, el reconocimiento de la diversidad y la soberanía territorial. Un camino que permita redefinir el ordenamiento del país alrededor del agua, como elemento vital y estructurador de un nuevo modelo de desarrollo y convivencia.

No se trata de una varita mágica que automáticamente nos conduzca al país de las maravillas. Ningún proceso constituyente es una solución instantánea. Pero sí puede abrir un nuevo escenario de acuerdo nacional para hacer posible la vida con dignidad, justicia y seguridad para todos y todas. Un escenario donde las decisiones fundamentales sean dictadas por el bienestar colectivo, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.

Un nuevo proceso constituyente, democrático y popular, debe desembocar en una Asamblea Nacional capaz de generar un gran pacto de paz que no se limite al silenciamiento de los fusiles, sino que se extienda a la transformación de las causas estructurales de la violencia. La justicia debe ocupar un lugar central en esta transformación. La paz y la convivencia se garantizan con el acceso a la justicia para las víctimas, la independencia judicial, el castigo efectivo a los corruptos, y un sistema de justicia al servicio de la equidad y la verdad.

La seguridad también debe repensarse. No como una doctrina de control social o represión, sino como una seguridad para la vida, basada en la protección de las comunidades, el respeto a los derechos humanos, la prevención de violencias y la emergencia del Estado integral y civil en los territorios. La vida debe ser sagrada, no solo protegida por las leyes, sino garantizada en las condiciones materiales que permitan vivir sin miedo, sin hambre y sin despojo.

La superación del modelo neoliberal es una condición ineludible. Debemos poner fin a la mercantilización de los derechos, recuperar lo público, revalorizar el trabajo y garantizar una economía al servicio de la vida y no del lucro. Esto implica construir un sistema económico mixto y solidario, con soberanía alimentaria, justicia tributaria, distribución de la tierra y fortalecimiento del Estado social de derecho.

Asimismo, el Proceso Constituyente debe condenar explícitamente al narcotráfico y al lavado de activos, como compromisos vinculantes para desmontar los engranajes financieros, políticos y militares que han hecho del crimen organizado un actor con poder real en los territorios. La legalización y regulación de las drogas debe ser parte del debate, en sintonía con la evidencia internacional que demuestra el fracaso de la guerra contra las drogas.

Igualmente urgente es avanzar hacia una economía post-extractivista. La dependencia de los hidrocarburos y la minería a gran escala ha causado despojo, desplazamiento, contaminación y destrucción ambiental irreversible. En un contexto de crisis climática global, Colombia debe apostar por una transición energética justa, diversificada, basada en energías limpias y en la protección de los ecosistemas estratégicos.

El Proceso Constituyente no es una aventura populista ni un salto al vacío. Es una necesidad histórica que debe surgir del clamor de los pueblos, de las organizaciones sociales, de las víctimas de la guerra y de una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. ¿Se imaginan un proceso nacido de Asambleas Municipales de Constituyentes Primarios, que recoja el sentir local y lo haga llegar a escenarios regionales, para desembocar en un gran escenario de deliberación y concertación constituyente nacional?

Desatar este proceso es apostar por una paz duradera, una democracia real, y una Colombia distinta. Ha llegado la hora de construir un nuevo horizonte de país, donde la vida, la justicia, la seguridad y la dignidad estén en el centro del poder. No hacerlo sería seguir administrando la catástrofe. El momento de avanzar es ahora.

Luis Emil Sanabria D.