El presidente Iván Duque se había resistido a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitada a la luz de las protestas masivas en el país, desde el inicio, durando un mes en dar el beneplácito de su llegada al país. Su postura de rechazo volvió con fuerza esta semana cuando en rueda de prensa, la CIDH presentó su informe de observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia de 8 al 10 de junio 2021. A pesar de la actitud muy constructiva de la CIDH, el gobierno se comportó como si Colombia fuera cualquier país autoritario, escondiéndose detrás de la fachada de la soberanía y la indignación.
El informe presentado el 7 de julio desdice la postura internacional del gobierno, la cual señala que en Colombia existe una democracia garantista al derecho fundamental de la protesta y que las violaciones a los derechos humanos durante el paro son casos aislados o “manzanas podridas” en la Policía Nacional. Por el contrario, el informe evidencia una “sistematicidad” de la represión policial a las protestas legítimas que no requieren de órdenes explicitas ni escritas de las autoridades.
Entre las 41 recomendaciones hechas por la CIDH, sobresale, primero, la de separar a la Policía Nacional y el ESMAD del Ministerio de Defensa “a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos”, porque persisten en lógicas del conflicto armado “en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”. Haciendo caso omiso, el presidente Iván Duque reiteró el 8 de julio que la Policía seguirá en la cartera del Ministerio de Defensa, pues así se ha hecho “exitosamente” por varias décadas. Señor Duque, lo esencial no es la tradición, sino que la Policía cumpla con los estándares de derechos humanos.
Segundo, la CIDH anunció un mecanismo de seguimiento para derechos humanos en Colombia “que contribuya a la consolidación de la paz en diversos sectores de la sociedad”. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que “Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”. Este argumento es engañoso, pues el mecanismo de seguimiento no reemplaza a las instituciones nacionales, sino que dará seguimiento y apoyo a su labor.
Tercero, la CIDH insistió que hay que garantizar el derecho a la protesta pacífica y restringir al máximo el uso de la fuerza policial y militar en el control de los desórdenes. Observó que la respuesta del Estado a las protestas “se caracterizó por el uso excesivo de la violencia y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos incluyendo la fuerza letal”. Es cierto que el gobierno ha condenado la violencia, pero lo dicho no convence porque los resultados de investigaciones por abusos policiales contra manifestantes en 2019 y 2020 son muy pobres. También argumenta el gobierno que la Policía “no usa armas de fuego letales en el marco de las manifestaciones” dado que la legislación prohíbe armas de fuego en las protestas. Sin embargo, se sabe que muchos policías han violado la norma al asesinar a por lo menos 18 personas durante el paro.
Cuarto, la CIDH insta a derogar “el uso de la figura del traslado por protección y denuncias por detenciones arbitrarias”. El gobierno rechazó hacer reformas a esta figura argumentado que lo que corresponde es “hacer justicia por casos puntuales”. Esto es un exabrupto porque la norma tal cual se presta para abusos en las protestas. Lo que le corresponde al Estado es hacer justicia y derogar la ley.
Quinto, la CIDH recomienda que el gobierno se abstenga de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta o bloqueos de vías que ocurren de formas diferentes como modalidades de protestas. El presidente dijo que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”. Álvaro Uribe había rechazado la misma solicitud de la CIDH y pidió “crear conciencia colectiva sobre el daño de los bloqueos a la economía, al empleo y al tejido social de la Nación”. Esto es engañoso porque ninguna de las recomendaciones apunta a ser permisivos con los delitos. Se trata de proteger a la gente insistiendo en el uso de criterios de derechos humanos cuando se limita la protesta, más no de dejar sin investigar los delitos de personas.
Sexto, preocupa a la CIDH los civiles armados disparando a manifestantes “aparentemente con la aquiescencia de miembros de la Policía”. Se percibe el riesgo del regreso del paramilitarismo para reprimir la protesta con la aquiescencia y tolerancia de la Policía. Sobre este punto no hubo reacción gubernamental. Él que calla otorga.
Séptimo, la CIDH comentó la posible falta de separación de poderes públicos, especialmente de la Procuraduría, debido a las indagaciones preliminares abiertas a funcionarios y congresistas de la oposición en el marco de las protestas. El gobierno se quejó de que se mencionen temas en el informe que no corresponden al objeto de la visita, como el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Gustavo Petro vs Colombia” y el cuestionamiento a la independencia de los poderes públicos y entes de control. Señor Duque, estos temas sí tienen que ver con el objeto de la visita, ya que la intención de la procuradora Cabello al iniciarle investigaciones preliminares a los senadores de la oposición por mediar entre la Policía y manifestantes durante la protesta, era que se declararan impedidos en la discusión del proyecto de “reforma” de la Procuraduría, como sucedió con el senador Alexander López.
Octavo, la CIDH observó la inconsistencia entre los datos oficiales y aquellos recopilados por la sociedad civil. Criticó la disparidad de cifras entre organismos estatales y los reportados por organizaciones civiles especialmente en los números de personas desaparecidas y fallecidas en el marco de las protestas, por lo que recomendó un registro único del Estado. Lo cierto es que las cifras de la sociedad civil son más transparentes que las que maneja la Fiscalía General de la Nación.
La canciller Ramírez sostuvo que las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes para el Estado y que no va a cumplir algunas de ellas. Esta postura no es aceptable. Colombia hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha suscrito tratados internacionales que obligan al Estado a cumplir de buena fe, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el objeto y fin de los tratados. La consecuencia práctica e inmediata del desacato será un monitoreo y seguimiento más pormenorizado de la CIDH a la situación en el país. De aquí la importancia del nuevo mecanismo de seguimiento.
No debe leerse las observaciones de la CIDH como apoyo a los criminales o juicio sesgado al gobierno. Más bien, el lenguaje y la rigurosidad empleados invita a trabajar en la recuperación de la confianza en las instituciones. Es una lástima que el gobierno reciba las recomendaciones con hostilidad cuando lo que se pretende es respaldarle a Colombia en su cumplimiento de estándares mínimos de los derechos humanos.
La reacción del gobierno y otros como en particular el Centro Democrático solo refuerza una de las observaciones más reiteradas de la CIDH que en Colombia “la polarización, la estigmatización, la violencia y la persistencia de lógicas bélicas dificultan todo esfuerzo de diálogo como mecanismo para alcanzar soluciones a la conflictividad social”.
El gobierno le pide a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ONG, que tengan muy en cuenta “la responsabilidad en medio de la inestabilidad”. Pero el papel de las ONG es documentar y denunciar abusos de los agentes estatales. Al responsabilizarlas de la situación actual, Duque pretende crear una “cortina de humo”. La realidad es que el rechazo de parte del gobierno a las recomendaciones constructivas de la CIDH, es lo que prolongará la violencia y el descontento, volviéndose otro factor de inestabilidad en el país.
