Escazú es el primer tratado multilateral de “Democracia Ambiental” en América Latina y el Caribe, sin embargo, su implementación afectaría la seguridad jurídica, en un momento en que Colombia necesita mayor inversión nacional e internacional para la reactivación económica, la creación de empleo y el desarrollo sostenible. Existe el peligro de que colectivos y personas sin intereses ambientalistas, se inmiscuyan en los procesos de consulta y socialización de los proyectos, utilizando el acuerdo con fines políticos, ideológicos y personales. Esto convierte a Escazú en el instrumento idóneo para prorrogar, e incluso, suspender proyectos de gran impacto económico.

Por ser un tratado de derechos humanos para la gestión del territorio, cualquier acto que se considere nocivo para el medioambiente, activa inmediatamente toda la jurisdicción internacional. Organismos como la Corte Internacional de Justicia, tendrían todas las competencias para intervenir, (la misma que en el 2012 redefinió los límites marítimos de Colombia, dejándonos con un 40% menos de mar).

El acuerdo pondrá a Colombia bajo jurisdicción internacional lo que implica renunciar a su soberanía frente a problemas ambientales, si existen diferencias sustanciales entre la Nación y sus regiones, por la gestión de proyectos que en la práctica vulneran la autonomía de las entidades territoriales; más complejo aún, la posibilidad de que asuntos puramente internos como la protección del medioambiente y de los recursos naturales, sean objeto legal de intromisiones internacionales.

El tratado de Escazú se fundamenta en la protección a líderes ambientalistas, el derecho a la información, la participación ciudadana, y la justicia ambiental; ya Colombia tiene incorporado dentro de su ordenamiento jurídico un marco normativo que en el papel cumple las funciones que exige el tratado, y los esfuerzos deben orientarse a su correcta implementación, a lo largo del territorio nacional. Las perspectivas son múltiples, de un lado los intereses de las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, y por otro las limitaciones que representa Escazú para el sector privado.

El rechazo al tratado de ningún modo debe ser visto como la superposición de los intereses privados, sobre la vida humana o el medioambiente, y la protección a estos últimos no se debe traducir, en la transgresión de la soberanía y en riesgos jurídicos o económicos; porque sería ratificarlo a un costo alto, los términos del tratado deben ser reconsiderados. Duque ha cedido ante las presiones de los colectivos ambientalistas y organizaciones internacionales afines al tratado, y volvió a radicar el acuerdo en el Congreso.

Para que Escazú sea ratificado el Congreso debe aprobarlo, y posteriormente será revisado por la Corte Constitucional. Hasta ahora, el Congreso se ha mostrado hostil frente a la propuesta, los próximos meses serán decisivos para definir el futuro del tratado en Colombia.