A pesar del discurso desbocado que utilizó el presidente Trump a lo largo de la campaña electoral, sus contrincantes políticos parecen poco preparados para enfrentar la transgresión patente de la Constitución, de las normas del derecho internacional y de los usos y costumbres de su ejercicio presidencial. En apenas dos semanas Trump ha expedido decretos ejecutivos y anunciado decisiones que tensionan, si es que no quebrantan, el equilibrio de poderes establecido en la Constitución estadounidense y el orden internacional basado en reglas que promovió después de la segunda guerra mundial.

Con una catarata de órdenes ejecutivas ha decretado el fin de las políticas de inclusión en los cargos y políticas públicas, desconocido la diversidad de géneros, ordenado el cierre de la agencia de cooperación internacional y el departamento de Educación y otorgado poderes supra-ministeriales al director del nuevo Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), el magnate Elon Musk, plagado de conflictos de intereses relacionados con sus amplias funciones.

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En el FBI comenzó la purga de los agentes que investigaron la asonada al Capitolio -cuyos protagonistas fueron indultados en masa- y de los funcionarios de carrera que considera afines a sus detractores políticos, a quienes presionan para que renuncien a sus cargos. Las demandas judiciales no se han hecho esperar y faltará constatar si las decisiones de los jueces protegerán los derechos adquiridos de los afectados y, lo que será más diciente, si los fallos serán acatados por el Ejecutivo.

Lo anterior no es una posibilidad inconcebible. Cuando iniciaba su campaña al Senado, el hoy vicepresidente J. D. Vance llegó a afirmarle al periodista James Pogue de la Revista Vanity Fair que si le diera un consejo a Trump sería: «Despida a todos y cada uno de los burócratas de nivel medio, a todos los funcionarios públicos del Estado administrativo, reemplácelos con nuestra gente. Y cuando los tribunales lo detengan, … póngase delante del país y diga —como dijera Andrew Jackson desafiando el orden constitucional—, el presidente de la Corte Suprema ha tomado su decisión. Ahora que la haga cumplir«. Ante esta aserción, el periodista concluye: “Esta es una descripción, esencialmente, de un golpe de Estado”.

En el campo internacional, el presidente Trump ha acudido a amenazas y medidas de fuerza amparado en su consigna de Primero América (sic) que resucita la expansión territorial del país del norte en varios continentes: Canadá, para completar el “destino manifiesto” de ocupar todo el continente, lo cual podría comprender a México, con el cambio de nombre del Golfo de México; el Canal de Panamá, Groenlandia y Gaza, la cual quisiera convertir en la “Riviera del Medio Oriente”, desplazando una vez más a los dos millones de palestinos martirizados por los bombardeos israelíes. La Corte Penal Internacional ha sido objeto de nuevas sanciones por atreverse a aplicar su Estatuto a la grave violación de los derechos humanos de Israel contra Gaza, lo cual afecta irreparablemente la independencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y su capacidad de impartir justicia internacional; al tiempo que inicia el desmantelamiento de la ONU, retirándose de sus organizaciones y compromisos.

Al remover el delgado barniz de civilización del principio universal según el cual el poder debe ceder ante la ley, los Estados Unidos de Trump está destruyendo las bases para la convivencia pacífica, dentro y fuera de su país, y enfrentando la más grave crisis constitucional desde su fundación.

Clara López Obregón