El documento para construir el Acuerdo Mínimo contra la Violencia y la Democracia presentado por el gobierno nacional en cabeza del Ministro Juan Fernando Cristo, es una de las propuestas más importantes y esperada, en la búsqueda de una Colombia más pacífica y equitativa. Esta iniciativa tiene el objetivo de convocar a diversos sectores políticos, sociales y económicos del país para dialogar y acordar sobre soluciones que promuevan la convivencia pacífica, fortalezcan la democracia y aborden las necesidades más urgentes de la población.

Para tranquilidad de los fabricantes de falsas noticias, generadores expertos de terror mediático, la propuesta deja explícito el tema de la reeleccion presidencia, cuan afrima que no se promoverá “la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva deelección popular”. Sin embargo, no se aborda con decisión y profundidad el tema de la participación del constituyente primario y su poder de decisión, al igual que no hace el énfasis indicado en relación con las políticas económicas que han prevalecido en el país y su impacto en la vida cotidiana. 

Uno de los puntos fundamentales del acuerdo es el compromiso con la erradicación de la violencia en la política, asunto que debe abarcar el fortalecimiento del monopolio de las armas por parte del Estado y el fin del armamentismo. Llama la atención el énfasis necesario y urgente de construir “un compromiso de las partes con rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales” asunto que todos los democratas debemos respaldar y sin el cuál será muy dificil avanzar en la construcción de la paz integral.

De otro lado en este mismo componente, se llama a proteger la vida de los líderes sociales y políticos, así como de quienes firmaron los acuerdos de paz. Aquí el gobierno y todos los sectores convocados, deben retomar la propuesta de las organizaciones y comunidades de construir participativamente planes de autocuidado y autoprotección complementarios a planes colectivos de protección estatal, como herramienta fundamental para garantizar la vida y la permanencia en el territorio.

La centralización del poder, el acceso limitado a los espacios de deliberación y el monopolio de la toma de decisiones por parte de las élites políticas y económicas han marginado a muchas comunidades, particularmente en las zonas rurales y más afectadas por el conflicto armado. Para que el acuerdo transforme la realidad del país, es indispensable que incluya nuevos y efectivos mecanismos de participación ciudadana accesibles, inclusivos y vinculantes, de modo que las voces de las personas más vulnerables, puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta. Un acuerdo que avance hacia la descentralización política y administrativa, de la mano de la participación y la focalización de necesidades será fundamental.

Otro aspecto crítico que se debe abordar es el modelo económico neoliberal que ha dominado las políticas públicas en Colombia durante décadas. El documento menciona la necesidad de impulsar una economía más equitativa y sostenible, lo cual es un avance importante. Sin embargo, las propuestas económicas que se incluyen aún se enmarcan en un modelo que prioriza la competitividad, el crecimiento macroeconómico y la atracción de inversión extranjera, sin abordar de manera suficiente las desigualdades estructurales que este mismo modelo ha perpetuado y la necesidad de aumentar medidas de fortalecimiento y protección a la industria nacional garantizando que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todas las regiones y poblaciones.

Hay que acordar cómo superar el rezago en el desarrollo de sectores como la agricultura campesina, la industria local y las economías comunitarias, ya que esto ha generado una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza y un acceso desigual a los recursos y oportunidades. Es crucial que se integren a la iniciativa el tema de los derechos laborales, especialmente en sectores donde la informalidad y la precarización son la norma.

Un componente esencial debe ser la transformación de los municipios más afectados por el conflicto. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son una herramienta valiosa para mejorar las condiciones de vida en estas zonas. La transformación participativa de estos territorios no debe limitarse a la mejora en infraestructuras, sino que debe incluir un proceso de reconfiguración social y económica que permita a las comunidades ser protagonistas de su propio desarrollo, con modelos de producción más sostenibles y adecuados a las realidades locales. Uniendo voces construimos país.

Luis Emil Sanabria Durán