Confidencial Noticias
En Colombia, todos los ciudadanos—hombres, mujeres, adultos mayores y niños—somos dueños de ECOPETROL. No solo quienes han adquirido acciones en el mercado, sino todos, porque cerca del 90% de la compañía pertenece al Estado Colombiano, cuya administración debería garantizar la protección de nuestros intereses. Sin embargo, los pésimos resultados recientes de ECOPETROL no son simples desaciertos administrativos, sino el producto de una política sistemática impulsada por el actual gobierno desde antes de asumir el poder.
Esta crisis no puede atribuirse a mala gestión, como muchos ingenuamente creen, sino a un plan metódico para desorientar estratégicamente la empresa. La «Desorientación Estratégica» se manifiesta en la elección de personas menos competentes y más ideologizadas para dirigir a ECOPETROL hacia el fracaso. La conformación de una Junta Directiva, en su mayoría afín al gobierno y contraria a la extracción, ha socavado la autonomía y eficacia del gobierno corporativo.
Ejemplos recientes incluyen la inexplicable decisión de rechazar la participación en el proyecto CrownRock, una oportunidad clave para aumentar las reservas del país. Esta decisión, aunque parece incomprensible desde una perspectiva empresarial, encaja perfectamente con la tendencia destructiva impuesta por la presidencia de ECOPETROL y su Junta Directiva, alineados con las instrucciones del gobierno actual.
El deterioro de ECOPETROL no solo amenaza con acortar la vida de la empresa, sino que también pone en riesgo la soberanía energética de Colombia. La caída de las utilidades, el aumento en los costos de producción y la pérdida de oportunidades estratégicas reflejan una falta de interés en el negocio natural de la compañía. Además, la pérdida de talento humano bajo el proyecto Átomo y el ambiente de desazón que se ha creado, contribuyen a la dilapidación de nuestro patrimonio.
No podemos quedarnos callados. Como ciudadanos, debemos exigir que se tomen medidas urgentes para revertir este daño antes de que sea irreversible. Es momento de activar todos los mecanismos constitucionales y legales para proteger lo que es de todos los colombianos: el futuro energético de nuestra nación.
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