Uno de los peores errores en relaciones internacionales que han cometido gobiernos anteriores ha sido intentar cercenar los vínculos con Venezuela. Al cortar vínculos con el hermano país sin considerar las consecuencias ayudaron a formar una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente del país. El cierre intempestivo de la frontera sólo benefició a los contrabandistas que, además de traficar con bienes, vieron una oportunidad de negocio en el movimiento de personas a través de las trochas.

Era necesario que una de las primeras acciones en materia de diplomacia del Gobierno actual fuera justamente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, no sólo para lograr un abordaje conjunto frente al cruce de personas en la frontera, sino también porque el tejido económico de las zonas fronterizas, especialmente Norte de Santander, depende en buena medida de el sano comercio entre las dos naciones.

Los sectores políticos que promovieron el congelamiento de las relaciones diplomáticas, quienes dicen ser los primeros defensores de los empresarios y del correcto funcionamiento de la economía, nunca consideraron las desastrosas consecuencias de su planteamiento mal ejecutado. Pasamos de exportaciones por $2.255 millones de dólares en el 2013 a $195.9 millones en el 2019 y 2020, el punto más bajo en la relación comercial. Esta cifra se traduce en pérdidas de empleo, en pequeñas y medianas empresas cerradas y en la vida económica de Cúcuta completamente trastocada.

Las medidas tomadas por el actual gobierno han tenido un impacto positivo inmediato. Pasamos de exportaciones de $394 millones de dólares en el 2021 a $728,4 millones en el 2022 y $791,1 millones en el 2023. En los primeros dos meses el comercio por los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot aumentó en un 134% frente al mismo período en el 2023. Dato que se puede explicar en parte por el acuerdo sobre transporte de carga y pasajeros entre Colombia y Venezuela que aprobamos en el Congreso de la República el año pasado, con el cual otorgamos las garantías normativas necesarias para regular la movilización de vehículos por la frontera.

El Ministro de Comercio, Germán Umaña, anunció que se viene un trabajo conjunto entre los dos países para lograr la complementación entre Táchira y Norte de Santander en materia de producción industrial, de turismo y de inversión. El sector privado ha reconocido las oportunidades de negocio que se abren nuevamente, tanto así que el martes 9 de abril la Asociación Nacional de Comercio Exterior anunció una misión empresarial entre el 21 y el 25 de mayo, donde 20 empresas viajarán a Caracas y Valencia para ver posibilidades de inversión y de negocios.

Tenemos ahora como Congreso de la República la responsabilidad de responder al esfuerzo tanto del Gobierno como de los empresarios de poder sanar el tejido comercial entre Colombia y Venezuela. Es imperativa la aprobación del convenio para la protección de inversiones entre los dos países, el cual se ha visto bloqueado en la Cámara de Representantes por congresistas de oposición que viven diciendo ser los más preocupados por la empresa privada.

Lo dice de forma clara el presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Juan Gabriel Pérez Chauste, la aprobación del convenio permitirá continuar y concretar las negociaciones en curso al generar confianza y garantizar seguridad jurídica para inversionistas colombianos y venezolanos.  Lo que la oposición no ha entendido, así los empresarios se lo hayan dicho de forma enfática, es que el acuerdo bilateral no corresponde a un capricho político sino a una necesidad expresa de contar con reglas de juego claras para poder hacer negocios en Venezuela, oportunidad de oro que no se puede perder.

Alejandro Toro