La socialdemocracia en Colombia, que ahora se hace llamar el “Centro”, debe resolver el dilema que la ha caracterizado en las últimas décadas. Debe decidir entre seguir profundizando y adaptándose a los preceptos neoliberales, lo que la acercaría aún más a la derecha neoconservadora; rescatar y mantener una línea liberal clásica, como si el mundo no estuviera cambiando; o reconstruirse a partir de una visión más comprometida con las transformaciones sociales. Este dilema político y ético se agrava por dos problemas estructurales que minan su credibilidad: la corrupción y el clientelismo, en un país profundamente afectado por el narcotráfico y la violencia armada.

Desde finales del siglo XX, sectores importantes de la socialdemocracia colombiana se rindieron definitivamente ante los postulados neoliberales, como la flexibilización laboral, la privatización de servicios públicos y la desregulación del mercado. En este proceso, el narcotráfico y la violencia armada se convirtieron en socios estratégicos, lo que les permitió competir electoralmente con fuerzas conservadoras, a un costo tan alto que desdibujó totalmente su papel en la construcción de un Estado de bienestar. La socialdemocracia que se autodenomina “Centro” debe definir con claridad de qué lado quiere estar: del lado de las políticas que contribuyen al empobrecimiento de las grandes mayorías o del lado de la justicia social.

La promoción de instituciones sólidas, el fortalecimiento de la democracia participativa, la descentralización y la igualdad de oportunidades son pilares compatibles con un modelo de crecimiento equitativo. Estos no riñen con los principios liberales clásicos de libertades económicas y derechos individuales. Sin embargo, el “Centro” debe manifestar y comprometerse con políticas redistributivas que garanticen la cohesión social y la protección de los más desfavorecidos si realmente quiere aportar a la construcción de un país en paz.

Más allá de la tensión ideológica no resuelta entre neoliberalismo y liberalismo, la socialdemocracia —al igual que la izquierda democrática— enfrenta una realidad corrosiva: la corrupción y el clientelismo, que en muchos casos están estrechamente ligados al narcotráfico y la violencia armada. Durante décadas, grupos ilegales han infiltrado y cooptado la política, financiando campañas y determinando el rumbo de gobiernos y legislaciones. El patrocinio de candidaturas por parte de empresas con intereses en mantener o apoderarse de lo público, los escándalos de corrupción en la contratación estatal y la infiltración de gobiernos locales han debilitado la credibilidad del Estado y sus instituciones.

De otro lado, el conflicto armado ha sido instrumentalizado por sectores políticos para justificar la militarización en detrimento de soluciones estructurales a la desigualdad y la pobreza. El “Centro” ha tenido dificultades para distanciarse de este juego de poder, lo que ha generado escepticismo sobre su capacidad real de transformación. Programas como la reforma agraria, la reforma a la salud, la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y la reforma laboral han sido saboteados o aplicados de manera parcial debido a la presión de grupos de poder.

Para superar este dilema, el “Centro” debe redefinir su proyecto político, pensando más en las transformaciones que en la captación de votos. En lugar de seguir cediendo ante las recetas neoliberales o diluirse en un liberalismo sin rostro social, debe recuperar su esencia transformadora y conformar, junto con otros sectores declaradamente socialistas, un gran Frente Amplio que impida el regreso de viejas formas de gobierno excluyentes y militaristas.

Es fundamental fortalecer un enfoque integral frente a fenómenos como el narcotráfico, la violencia armada y la minería ilegal, que no se limite al uso de la fuerza, sino que aborde sus causas estructurales. Si la socialdemocracia quiere sobrevivir y recuperar su papel protagónico en la construcción de un país justo y equitativo, deberá asumir con valentía y sin ambigüedades los desafíos del presente social, político y económico. La ciudadanía espera respuestas concretas y un compromiso real con la justicia social y la paz.

Luis Emil Sanabria D.