Gracias a la Constitución del 91, Colombia dio un paso importante y redefinió la forma como hasta el momento sus instituciones se relacionaban con las comunidades indígenas; una población a la cual, hasta ese momento, era tratada como la “Salvaje”, de acuerdo a lo que se desprende del Artículo 1 de la ley 89 de 1890. Esta misma ley que fijaba los parámetros por medio de los cuales se debían gobernar a los pueblos indígenas, fue modificada por la ley 21 de 1991 por medio de la cual, se garantizan los derechos de este grupo poblacional.

Pero después de más de 30 años, y del gran cambio que hasta ahora se piensa se dio en esta materia, va siendo hora de analizar y reconocer las deficiencias de la forma como el Estado se relaciona actualmente con los indígenas en Colombia.

Primero tenemos que advertir que la emoción por tener una Constitución garantista en todos los niveles, llevó a igualar a los pueblos indígenas del país como si todos fueran iguales; la fortaleza política de las organizaciones indígenas del Cauca se impuso, y el modelo de su gobernanza se adoptó en todo el territorio, en lo que yo llamo la caucanización de los pueblos indígenas.

De un momento a otro, todos tenían que agruparse en resguardos, todos tenían que tener un gobernador o líder elegido en una asamblea, a estos líderes se les dio la responsabilidad de ser los “representantes legales” de la comunidad, y los responsables de dar el visto bueno a los proyectos que por concepto, por ejemplo de regalías, tienen que ser ejecutados por las gobernaciones o alcaldías.

En mucho de sus territorios apareció o se les vendió la idea de conformar las llamadas guardias indígenas, un concepto que no aparecía en sus prácticas ancestrales, práctica que no correspondían a su cosmogonía.

Con todo lo anterior el líder de la comunidad ya no era el anciano; o el heredero por familia; o el sobrino de la tía; no. Ahora el líder es aquel que consiga más votos en la asamblea, dejando atrás la cosmovisión primaria. en la cual: el derecho era dictado por ancestralidad, la cual definía quien debería dirigir a la comunidad, y redujo sus usos y costumbres, al ejercicio de un proceso democrático con todo y sus falencias.

Pero como si esto fuera poco, se les obligó hacer un censo, y se facultó a los funcionarios del Ministerio del Interior para que avalaran los resultados de la asamblea. Y de una función meramente notarial, se ha pasado hacer todo un ejercicio de conveniencia y marrullería política.

Quien dijo que los indígenas de la Sierra Nevada estaban organizados en resguardos?, no. ellos estaban organizados en familias; quien dijo que los mamos eran elegidos en una asamblea?, no. ellos eran los herederos más ancianos de la comunidad.

¿De dónde salió, que los indígenas del Amazonas estaban liderados por el miembro que más votos sacara en una asamblea? O que los Nukak tenían la obligación de validar el liderazgo de su pueblo en una votación que ni siquiera entienden?

Con la mejor intención, el Estado colombiano construyó el camino que hoy nos lleva a estar cometiendo un error que tiene estas comunidades totalmente rotas por dentro. Disputando, en muchas oportunidades de manera violenta, un liderazgo que dá, entre otras, la posibilidad de manejar el demonio del dinero.

Pero retomemos el tema en cuestión, unas de las características de esta población es que precisamente no es una comunidad homogénea, por no serlo hace que su organización interna varie de acuerdo con su ancestralidad y con la cosmovisión que es propia de cada pueblo.

No es lo mismo ser NASA que ser Wayuu, o Embera. Estas comunidades hasta el momento en que fueron homogenizadas, tenían su propia organización; la cual fue rota en el momento en que entramos a decirle como lo tenían que hacer. es momento pues, de revisar y corregir; quizás una combinación entre el retorno a sus costumbres ancestrales y una adaptación del Estado a esas costumbres pueda ser la solución.

Jefferson Mena Sánchez