¿Qué tan fácil es que nuestros niños tengan acceso a las drogas? La realidad es alarmante. En el 2023, la Secretaría de Educación, por medio del Sistema de Alertas, registró 6.431 casos de consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños, niñas y adolescentes en Bogotá. En el primer trimestre de este año, la cifra fue de 1.034 casos.

Causa gran preocupación que sea en los entornos escolares donde los menores resulten más expuestos a estar cerca del veneno de las drogas. Esta semana revelé el dramático testimonio de un padre de familia quien saca a la luz que profesores de tres colegios distritales de Ciudad Bolívar, han sido amenazados o se han visto obligados a pedir traslados por temor a represalias tras denunciar la situación al interior de las instituciones. Los jíbaros los tienen azotados y, en algunos casos, se valen de los estudiantes para la venta de estupefacientes al interior de las aulas. Esta es una problemática que está presente en todos los sectores y localidades de la ciudad.

Pero, ¿cómo actuar ante esta realidad? En los casi seis meses que ya completa esta administración, no se ha expedido el decreto para reglamentar el consumo en parques y entornos escolares, pese a que se le había prometido a la opinión pública. Es por esta razón que, como padres, ciudadanos y desde nuestras dignidades políticas, debemos exigir el cumplimiento del decreto 825 de 2019 que se mantiene vigente.

Sumado a eso, la Corte Constitucional, en una de sus más recientes sentencias, la T-004 de 2024, hace un llamado a padres de familia y autoridades escolares para evitar el consumo de sustancias psicoactivas en los colegios. Agrega la Corte que se requieren estrategias coordinadas con el fin de abordar esta problemática y sus causas. Este llamado fue hecho al resolver el caso de Camila, una estudiante quien había sido sancionada con educación extramural por la supuesta fabricación, promoción y venta de brownies con marihuana. Sobre este hecho, la Corte advirtió que “prima el interés superior de la adolescente y que es deber del Estado, la familia y la sociedad evitar riesgos prohibidos, como es la disponibilidad y el consumo de sustancias psicoactivas”.

Ante este pronunciamiento, cuyo mensaje es claro, debemos seguir insistiendo en acciones que eviten que los niños, niñas y adolescentes caigan en el abismo a las drogas.  Actualmente, la marihuana es la sustancia que los estudiantes manifiestan que pueden conseguir con mayor facilidad (20,5%), seguida del Popper (12,0%), la cocaína (7,5%), el basuco (7,3%), el éxtasis (5,1%) y Dick, Ladys y Fragancia (4,9%). Esto lo que nos demuestra es que el acceso a drogas en espacios donde los menores permanecen es amplio y no está siendo controlado de forma eficiente el consumo, porte y distribución de estas. Para hacer frente se requiere el trabajo articulado entre las secretarías de Seguridad, Educación y Salud, sobre todo, en los 92 entornos escolares que indicaron que priorizarán.    

Asimismo, es necesario que las acciones estén encaminadas a concientizar mediante la pedagogía, pues desde la entrada en vigencia del Decreto 825 de 2019, se han impuesto un total de 167.510 comparendos; sin embargo, cabe preguntarse si esta medida ha sido efectiva o por el contrario es un saludo a la bandera, pues solo han sido pagados 2.597, eso equivale únicamente al 1,5% del total.

Concluyo diciendo que es realmente preocupante el aumento de consumo en menores entre los 6 y los 11 años, que llega a un 37%. Pero lo más grave es que la pasividad frente a este tema le está generando a la ciudad, la prevalencia de unos derechos sobre otros, y lastimosamente, no son los de los menores de edad. 

Andrés Barrios Bernal