Amnistía Internacional llama a que se respete, de una vez por todas, a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Por: Ana Piquer Romo, directora para las Américas de Amnistía Internacional

El 9 de abril en Colombia se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado colombiano. Es escabroso que los conteos oficiales del gobierno hablen de 9,8 millones de personas víctimas, casi la quinta parte de la población del país. Peor aún, son cifras que siguen en aumento.

Una semana antes, el 1 de abril, se instaló en Apartadó, Antioquia, la Comisión de Evaluación de Justicia para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Esto hace parte de los compromisos de Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha observado el caso de la Comunidad desde hace 28 años y sobre el cual Colombia ha quedado muy mal parada todo este tiempo. Esta Comisión debería ayudar a destrabar cientos de investigaciones sobre hechos de violencia en contra de la Comunidad que el Estado dejó pasar, y que hoy siguen en la impunidad.

La Comunidad de Paz se fundó en 1997 en la región de Urabá, cuando el conflicto armado colombiano se acercaba a sus peores picos de violencia: todos los indicadores de hechos violentos en el país alcanzan sus peores cifras entre finales del siglo XX e inicios del XXI. A pesar de declararse neutrales, y casi que precisamente por ello, los miembros de la Comunidad de Paz han sufrido violencia de la guerrilla de las FARC, de los paramilitares, de los grupos armados que les sucedieron, y de agentes del Estado que, en vez de protegerles, les atacaron.

El pasado 21 de febrero se conmemoraron 20 años de la macabra masacre de 2005. Aunque era la sexta que sufría la Comunidad, fue tan terrible que es recordada como La Masacre de San José de Apartadó. Cometida por paramilitares en presencia de miembros de la Brigada XVII del Ejército de Colombia que asesinaron con machetes a ocho personas, entre ellas a Luis Eduardo Guerra, uno de los principales líderes de la Comunidad, y a tres niños y niñas menores de 10 años. Por estos hechos, una veintena de paramilitares y siete militares, incluyendo a un coronel del Ejército, han sido condenados, a pesar de que en su momento el alto gobierno culpó a la guerrilla de las FARC y negó las denuncias de la Comunidad, que atestiguó la masacre.

Después de semejante hecho, el Estado debería haber llevado a la Comunidad la protección, la justicia y la reparación que habían pedido por años. En cambio, a finales del mismo año de 2005, y durante 2006, los agentes del Estado continuaron violentando a la Comunidad de Paz de diversas formas, llegando a cometer los mal llamados “falsos positivos” con miembros de la Comunidad, que siguen pendientes de justicia. Es vergonzoso que, en vez de protegerles, agentes del Estado colombiano hayan hecho parte de quienes decidieron atacarles.

Es devastador pensar que todo esto ocurrió a pesar de que la Comunidad es beneficiaria de medidas cautelares por parte de la CIDH desde 1997; provisionales por parte de la Corte IDH desde 2000, y que la propia Corte Constitucional ordenó en 2004 al Estado colombiano cumplir con esas decisiones internacionales. Hasta la propia Defensoría del Pueblo había detectado el riesgo en noviembre de 2004, pero el gobierno de la época decidió no emitir una alerta temprana en favor de la Comunidad.  

Que todas estas salvaguardas institucionales nacionales e internacionales hayan sido incapaces de evitar una masacre cometida con apoyo de agentes del mismo Estado es desesperanzador.

Más triste aún es que la violencia siga siendo el presente de la Comunidad de Paz. Hace un año, en la antesala del aniversario de la Comunidad el 23 de marzo, Amnistía Internacional y numerosas organizaciones internacionales más visitábamos al gobierno colombiano para conocer las medidas que por fin se están planeando para reparar a la Comunidad y garantizar que no sufra más violencia. Durante la misma reunión nos enteramos del asesinato de Nalleli Sepúlveda y Edinson David, este último de 14 años, ocurrido ese mismo 19 de marzo. La violencia que amenaza a la Comunidad de Paz sigue siendo latente.

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Por décadas, nuestro movimiento de solidaridad se ha manifestado a favor de la Comunidad desde muchas partes del mundo; nos hemos unido a los esfuerzos de las personas que con valor defienden en Colombia los derechos humanos, el derecho a la tierra, al territorio, al medio ambiente, el derecho a no ser desaparecidas forzadamente y a buscar en condiciones de dignidad a quienes lo fueron, el derecho a reunirse y alzar la voz en público sin sufrir por ello la represión y el abuso en el uso de la fuerza; el derecho a no recibir un trato diferente en razón de su territorio, su raza, su sexo o su orientación sexual.

En el día de la memoria y la solidaridad de las víctimas, Amnistía Internacional reafirma su compromiso con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para conseguir que, por fin, el Estado colombiano sea capaz de protegerles, así como a todas las personas que están dando la vida por la defensa de sus derechos.

La Comunidad de Paz, así como muchas otras organizaciones y comunidades colombianas, le enseñan al mundo a nunca renunciar a la defensa de algo que es inherente a todos y todas: los derechos humanos. 

Foto: Comisión de la Verdad

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