«La Revolución en Marcha es el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución»: Alfonso López Pumarejo.

Colombia ha sido un país reacio a las reformas y aferrado al status quo. Los cambios en general se asumen como riesgos innecesarios y posibles saltos al vacío, el famoso adagio popular lo expresa muy bien: mejor malo conocido que bueno por conocer. La historia política no ha sido ajena a esta propensión cultural, los sectores conservadores han liderado la agenda pública la mayor parte de la historia y el miedo al cambio ha atravesado todas las grandes discusiones nacionales desde el comienzo de la república.

El panorama que vivimos hoy parece seguir esta tendencia. La agenda de reformas planteadas por el gobierno que lidera Gustavo Petro ha creado una reacción sin precedentes para evitar que el país transite por los cambios que fueron planteados en el programa de gobierno eligieron los colombianos. Las mentiras y el miedo se han convertido en las principales estrategias de quienes quieren impedir transformaciones en el sistema de salud, el régimen pensional y laboral, la educación, el agro, las regulaciones energéticas, la agenda ambiental, entre otros. El propósito es despertar sensaciones de incertidumbre que lleven a la gente a desconfiar de las reformas y validar las decisiones de un congreso que parece secuestrado por la politiquería y los intereses de las élites económicas.

Sin embargo, la realidad detrás de la desinformación muestra una necesidad palpable de estas reformas para garantizar el bienestar y el acceso a derechos fundamentales. Por ejemplo, el régimen pensional actual excluye al 82% de la población, dejando a una gran mayoría sin amparo para su vejez. La informalidad laboral, que afecta al 60% de los trabajadores, agrava esta situación, privando a los trabajadores de cotizar para garantizar su seguridad social. La desigualdad en el sistema es palpable con subsidios pensionales que favorecen desproporcionadamente a los de mayores ingresos.

La situación en el sector salud no es menos crítica. El crecimiento exponencial en el número de tutelas relacionadas con salud señala deficiencias graves en el acceso y la calidad del servicio. La deuda acumulada de las EPS con la red pública que supera los 11 billones evidencia un sistema en crisis permanente. Además, los recientes hallazgos de la contraloría confirman que más de 9 billones de billones de pesos de la salud fueron desviados irregularmente por las EPS para otros propósitos.

Frente a este contexto, la resistencia a las reformas no es solo incongruente sino contraproducente. Es necesario derribar los muros del miedo y la desinformación para abrazar las transformaciones necesarias que aseguren un futuro más justo y equitativo para todas y todos los colombianos. Esta tarea no le corresponde solo al gobierno quien debe emplearse con todos los medios y herramientas constitucionales para sacarlas adelante, es necesario también que la sociedad se active a través de la participación popular y su poder constituyente. Si estas realidades no se transforman será el pueblo quien terminará perdiendo.

Juan Carlos Upegui

Concejal de Medellín