Mientras Federico Gutiérrez pasa su tiempo como alcalde entre viajes y campaña, Medellín vive una crisis de violencia para la cual la alcaldía no tiene respuesta. Según el informe de Corpades, los homicidios pasaron de 159 en el periodo enero–julio de 2024 a 185 en ese mismo lapso de 2025, un incremento del 16.4% que no responde a ajustes en el conteo, sino al deterioro de la convivencia ciudadana y al auge de la violencia de género.

En primer lugar, el repunte de homicidios en Medellín no obedece a enfrentamientos entre estructuras criminales transnacionales —como quisieran mostrar los discursos oficiales—, sino a choques de intolerancia y agresiones de carácter íntimo. El informe de Corpades evidencia que los casos atribuidos a riñas e intolerancia social superan ya a los ligados a grupos armados, acumulando 46 muertes por convivencia y 11 por violencia de género hasta el 11 de julio de 2025 .

Este fenómeno revela la incapacidad de la Alcaldía para implementar políticas de prevención y mediación comunitaria: no bastan operativos reactivos ni retóricas sobre mano dura con el crimen si no hay educación ciudadana, comités de paz barriales ni atención oportuna a la violencia intrafamiliar. Las muertes en Medellín están causando la intolerancia, pero para Federico Gutiérrez la tarea principal de un alcalde es liderar la oposición contra el Gobierno Nacional en vez de garantizar la convivencia en la ciudad.

En segundo lugar, la flamante sede de Interpol en Medellín —celebrada por el alcalde como un triunfo personal— desnuda cómo la ciudad se ha convertido en imán de criminales internacionales. En apenas siete meses, al menos 18 fugitivos con notificación roja han sido capturados en el Valle de Aburrá, un promedio de más de dos por mes. Lo más alarmante: entre ellos figuran abusadores sexuales buscados por Paraguay, Estados Unidos y México, como José Antonio Fandiño Hidalgo e Iván Lozano, señalados de coacción sexual, violación de menores y pornografía infantil. Cada detención de un depredador debería haber sido una alerta para reforzar controles migratorios y redes de protección a víctimas; en cambio, la gestión de Fico se jacta de resultados ajenos mientras Bogotá asume los costos políticos de esta omisión.

No es casualidad que, en medio de esta crisis de convivencia y del estigma de “ciudad refugio” para el crimen, la Alcaldía no exponga un plan integral de seguridad ciudadana. Fico ha preferido atacar de forma diaria al Presidente como excusa ante la opinión pública. Sin embargo, nadie dialoga con un abusador sexual para proteger a un barrio. La falta de dotación de Casas de Justicia, la escasa inversión en campañas de resolución pacífica de conflictos y la ausencia de rutas claras de atención a mujeres víctimas ilustran un descuido prácticamente deliberado.

Es hora de exigir a la Alcaldía un giro radical: que deje de vender espejismos de seguridad y diseñe, con el respaldo del Gobierno Nacional, políticas de convivencia, prevención de la violencia de género y control migratorio inteligente. Medellín no necesita más banderas decorativas ni selfies con agencias internacionales; necesita comedores escolares que eduquen en tolerancia, protocolos de atención a víctimas de abuso y una estrategia unificada de “Paz Urbana” que no se quede en los titulares. Si el alcalde Gutiérrez no asume este reto, quién pagará las víctimas será la ciudadanía.

Alejandro Toro