La decisión del Senado de la República de negar la posibilidad de convocar una consulta popular sobre la reforma laboral no solo constituye un acto de cerrazón institucional, sino una afrenta directa a los principios democráticos, a los derechos conquistados por los trabajadores y a la ética pública. Este acto es, sin duda alguna, una señal alarmante de que hay sectores que continúa con la política de cerrar los caminos de participación directa del pueblo, cuando precisamente lo que Colombia necesita es más democracia, más deliberación y más compromiso con la justicia social.

La consulta popular está consagrada en la Constitución como una figura legítima y vinculante que permite al pueblo pronunciarse sobre decisiones trascendentales. Negarse a su realización, en un contexto de bloqueos políticos e intereses cruzados en el Congreso, es desconocer el derecho ciudadano a incidir en el rumbo del país. Pero lo más grave es que esta negativa fue efectuada sin transparencia, sin argumentación pública rigurosa, sin dar la cara al país sobre cómo votó cada legislador. Ese secretismo mina la confianza en las instituciones, fomenta el desencanto ciudadano y erosiona aún más la legitimidad del Congreso.

La ciudadanía colombiana tiene derecho a pronunciarse sobre las reformas que tocan directamente su bienestar. Impedir ese pronunciamiento no solo margina a la ciudadanía, sino que fortalece un modelo de toma de decisiones centrado en cúpulas políticas y económicas que, históricamente, han bloqueado el cambio. Por ello, hay que decirlo con claridad meridiana, esta decisión es una forma de violencia política contra los sectores populares que exigen participación y dignidad.

Además, no puede aceptarse que el andamiaje económico y de desarrollo del país repose sobre el debilitamiento o la negación de derechos que los trabajadores han conquistado a lo largo de décadas de lucha. No puede haber desarrollo justo si se precariza el trabajo, se privatiza la salud o se condena a la vejez a la incertidumbre. Un país que crece a costa del empobrecimiento de su gente no progresa, se hunde en la desigualdad. Es inadmisible que se utilice el argumento de la estabilidad macroeconómica para pisotear derechos sociales fundamentales.

Pero lo ocurrido también nos lleva a reflexionar sobre la concepción misma de democracia que está en juego. La democracia no puede reducirse al dominio de las mayorías sobre las minorías ni a simples procedimientos de votación. La verdadera democracia implica límites éticos como la deliberación pública, la construcción de acuerdos con base en el interés general, el respeto a la diferencia, la transparencia en las decisiones y la honestidad frente al pueblo. En democracia no todo es válido. Cuando se toman decisiones de espaldas a la ciudadanía, cuando se ocultan los votos, cuando se actúa por cálculo y no por principios, se está traicionando no solo la forma, sino el espíritu de la democracia.

La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes fueron los senadores que votaron para impedir que el pueblo decidiera. Tienen el deber de exigir rendición de cuentas. Porque sin participación no hay paz, sin transparencia no hay confianza, y sin ética pública no hay democracia posible. Defender la consulta popular es defender el derecho a ser parte activa de la historia, no un simple espectador de las decisiones de otros.

Colombia necesita construir un pacto democrático que no se limite a las urnas cada cuatro años, sino que abrace la participación permanente, la paz, la justicia social y la ética como sustento del poder. Negar la consulta popular no fue un acto técnico o una jugadita, fue una decisión política cargada de miedo, de arrogancia y de desprecio por el pueblo.

Luis Emil Sanabria D.