Lanzó un fuerte llamado de atención al Distrito por la crítica situación de la vivienda prioritaria en la capital. En una intervención ante el Concejo de Bogotá expuse tres denuncias que evidencian una preocupante combinación de mala gestión, promesas incumplidas y uso ineficiente de recursos públicos por parte de la Caja de Vivienda Popular (CVP).

Existe una alarmante realidad de más de 860 mil personas que viven en condiciones precarias y 988 mil hogares sin vivienda propia y con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, que tan solo tienen una oferta formal de 2.672 viviendas de interés prioritario (VIP).

Sobre el presupuesto de la Caja de Vivienda Popular para el 2025 se aprobaron $116 mil millones y solo $44 mil millones están destinados para vivienda, mientras que los $72 mil millones restantes, están destinados para mejoramiento de espacio público, fachadas, titulación, burocracia y articulación entre entidades. Es decir, solo $3,8 de cada $10 pesos se destinan realmente a vivienda (mejoramiento, reasentamiento e iniciación de VIP).

Tres evidencias soportan mi denuncia. Primero, el fracaso del emblemático Plan Terrazas política de Cláudia López, que prometía mejorar 1.250 viviendas, por medio de la Caja de Vivienda Popular, y terminó con más de $68 mil millones gastados, solo 114 viviendas terminadas en malas condiciones y 135 viviendas destruidas y abandonadas, dejando a estas familias sin donde vivir y las casi 1.000 restante sin saber qué va pasar con ellas.

Segundo, Proyecto Santa Teresita: iniciado hace más de una década, debía entregar 1.302 viviendas para reasentar familias de zonas de alto riesgo. A hoy, solo 394 han sido entregadas; muchas sin cumplir requisitos técnicos como el RETIE, y otras están incompletas, abandonadas o presentan graves fallas estructurales. En este se han gastado más de 64 mil millones y nadie responde a las familias.

En cuanto a proyectos nuevos, de seis lotes propuestos por la CVP para desarrollar vivienda para poblaciones de bajos recursos, cinco fueron descartados por falta de viabilidad. En el único adjudicado, que es el predio La María, donde se planea construir 658 viviendas (180 VIP), hay un contrato firmado en octubre de 2024, pero a abril de 2025 aún no inicia. Tampoco se evidencia cronograma ni transferencia del predio. A pesar de la necesidad urgente de vivienda VIP, la CVP no administra con responsabilidad el suelo público, ni garantiza procesos de adjudicación eficaces.

Mi advertencia también se hace por el uso de los recursos del Fondo de Compensación VIS/VIP, que por ley deben destinarse exclusivamente a vivienda formal, no a gastos operativos ni intervenciones inconexas.

Sandra Forero