Esta semana, la Comisión de la Verdad le entregó al país su informe sobre lo ocurrido durante tantos años de conflicto armado. “Hay futuro si hay verdad” fue la premisa del evento de presentación, el cual, valga decirlo, fue una celebración por el gran paso que damos en la construcción de la sociedad más justa. Ahora sigue que, conociendo esa verdad histórica, construyamos un futuro mejor. Para ello, es ineludible reformar el modelo de seguridad y la Fuerza Pública.

El diagnóstico de la Comisión es contundente en mostrar las atrocidades cometidas por los distintos actores del conflicto y en los móviles detrás de estas. El modelo de seguridad del Estado, dice la Comisión de la Verdad, se basó en la premisa de la existencia de un enemigo interno al que había que destruir y, a partir de esta, se fundamentaron múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por la Fuerza Pública. La militarización de los territorios y la precaria presencia de otras instituciones del Estado; la inteligencia militar usada al servicio de la persecución de voces disidentes; y las relaciones con el paramilitarismo fueron algunas estrategias que, guiadas por la premisa del enemigo interno, han caracterizado al modelo de seguridad.

A pesar de que la Constitución Política, en su artículo 218, le encarga a la Policía Nacional asegurar las condiciones necesarias para que “los habitantes de Colombia convivan en paz”, este fue un victimario más en el conflicto. Claramente, el informe de la Comisión de la Verdad reconoce que miles de policías y sus familiares fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos; sin embargo, también recuerda varios episodios en los que la Policía defraudó el mandato constitucional.

Siguiendo la clave de ver la verdad para construir un mejor futuro, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son la base para reformar el modelo de seguridad y a la Fuerza Pública. En primer lugar, el enfoque de seguridad humana, “centrado en la protección de la vida de las personas y las comunidades sobre la base del respeto del principio de pluralismo democrático y del principio de la dignidad humana” debe remover la vetusta visión del enemigo interno. Esto implica la necesidad de transformar culturalmente a la Fuerza Pública, imprimirle valores de paz y derechos humanos, y garantizar la supremacía del mando civil sobre el militar. Para que la transformación del sector de seguridad sea una realidad, la Comisión de la Verdad recomienda separar a la Policía del Ministerio de Defensa y fortalecer las capacidades de las autoridades territoriales y étnicas en materia de seguridad. De igual forma, para mantener la vigencia material del mandato constitucional y de la nueva visión de la seguridad, la Comisión advirtió de la necesidad fortalecer los controles (político y civil), establecer rendición de cuentas y ajustar el fuero penal militar y policial para que solamente funcione ante delitos típicamente militar y que no constituyan violaciones a los derechos humanos.

Estas ambiciosas, pero reflexivas recomendaciones son fundamentales para que el nuevo Congreso y el nuevo presidente horren la esperanza depositada en ellos. La Comisión de la Verdad, a través de sus equipos y funcionarios valerosos, sembró el impulso del cambio.

“Hay futuro si hay verdad”. Como dijo el presidente Gustavo Petro, parafraseando a Gabriel García Márquez, las estirpes condenadas a cien años de soledad tiene por fin una segunda oportunidad sobre la tierra.