A los pocos días del pronunciamiento de Donald Trump anunciando que el Canal de Panamá debe ser devuelto (sic) a los Estados Unidos, falleció el expresidente Jimmy Carter, quien negociara y consiguiera la reversión de la administración -más no la propiedad, ni la soberanía- del Canal de Panamá y la zona adyacente mediante tratado firmado y ratificado en 1977. La franja interoceánica de 10 millas fue obtenida en 1903 por Estados Unidos para la construcción del canal y su posterior operación a perpetuidad, después de la declaración de la independencia de ese país de Colombia con el apoyo militar de Estados Unidos. Fue ese el complejo episodio que justificó la lapidaria frase del entonces presidente norteamericano, Theodore Roosevelt: “I took Panama.”

La justificación aducida por Donald Trump es completamente espúrea. El Canal jamás fue propiedad de Estados Unidos, que como se dijo, consiguió su administración mediante el uso de la fuerza del naciente país, carente de ejército e instituciones consolidadas. Tampoco es cierto que Panamá le cobre precios exorbitantes a Estados Unidos por cruzar el Canal. Las tarifas son las mismas para los buques de todas las nacionalidades y se fijan después de escuchadas las observaciones de las navieras y demás interesados en audiencias públicas sobre las cuales no se ha presentado glosa alguna desde que Panamá recuperó la operación del Canal en 1999. Cuesta más descargar un container en el puerto de Nueva York que el cobro por pasar el canal entre el Caribe y el Pacífico.

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Trump se refiere al Canal como de propiedad de Estados Unidos porque este país lo construyó a comienzos del siglo XX. Cuando regresó a manos panameñas ya estaba amortizado y se había tornado obsoleto y poco competitivo. Por su ancho de apenas 110 metros ya no cabían buques de gran calado, entre ellos los de guerra de Estados Unidos. Mucho del comercio ya estaba dando la vuelta por el Cabo de Hornos en América del Sur o Cabo Esperanza en Sudáfrica.

El Canal de hoy fue ampliado a 180 metros con una inversión US$5.500 millones de dólares financiada exclusivamente por el gobierno de Panamá y su Canal, lo cual de paso ha mejorado la seguridad de EE. UU., pues por las nuevas esclusas pueden transitar los barcos de guerra de ese país. La imputación falsa más grave de Trump es, sin duda, la de que el canal es operado por personal militar de la China. Como lo reafirma Juan B. Sosa, exembajador de Panamá a Estados Unidos en la década de los ochenta y miembro de la Junta Directiva de la Comisión bipartidista del Canal de Panamá en 1987-89, en carta dirigida a Fox News, “Puedo decir sin lugar a equivocarme que China no tiene control, ni siquiera influencia en las operaciones del Canal de Panamá”. La única relación con China es la de Hutchison Whampoa, una corporación de terminales de contenedores con sede en Hong Kong que se encuentra en la entrada del Pacífico y el Atlántico del Canal de Panamá, pero fuera de su área de operaciones. Hutchison Whampoa ganó la concesión para administrar los puertos de Cristóbal y Balboa en un proceso abierto en 1995, cuando Hong Kong era un protectorado del Reino Unido y es una de las cuatro compañías internacionales que operan terminales de contendedores para los puertos de Panamá. Las otras son SSA Marine de la empresa Carrix, de Seattle, Washington, el operador de terminales de contenedores más grande de Estados Unidos; la segunda terminal -PSA- administrada por una empresa asociada a los puertos de Singapur y una tercera -Evergreen- gestionada por una empresa taiwanesa.

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La única amenaza que se cierne sobre la continuada neutralidad del Canal de Panamá es la del presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. Hacemos votos porque el derecho triunfe sobre la fuerza y no haya un “I took Panama” 2.0.

Clara López Obregón