El mecanismo más usual de corrupción en la contratación pública funciona, en términos generales, así: unos contratistas “invierten” en campañas políticas a alcaldías, gobernaciones, Senado, Cámara, concejos o asambleas, desde las cuales los elegidos tendrán la posibilidad de “orientar” recursos públicos a través de contratos que se emiten directamente desde esas corporaciones o que pueden ser influidos desde esas posiciones. Pasadas las elecciones, los dignatarios comienzan a devolver la “inversión” y los “réditos” a los contratistas, mientras recogen también sus propios beneficios corruptos. En ocasiones, cuando surgen problemas judiciales, el circuito se amplía e incorpora actores del poder judicial.

En los últimos años, este esquema se ha facilitado mediante el uso de convenios interadministrativos con Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta, creadas por ordenanzas o acuerdos municipales. Estas entidades, al operar bajo manuales de contratación propios y de naturaleza privada, logran escapar a los controles de la Ley 80, cuyo propósito es precisamente proteger los recursos públicos para que se traduzcan en desarrollo y bienestar, y no terminen en los bolsillos de los corruptos.

Un experto en contratación pública que ha señalado de manera sistemática este mecanismo durante más de una década es el ingeniero Rodrigo Fernández, a través de su cuenta en X. Él bautizó a estas entidades como “contrataderos”: organizaciones en las que participa mayoritariamente un ente público, por ejemplo, un municipio, junto con privados que las administran. Cuando un alcalde “necesita pagar” deudas electorales y obtener beneficios personales, acude a una de estas entidades para contratar, prácticamente a dedo, a los mismos contratistas con los que estableció relaciones corruptas antes de las elecciones. Los contratos se adjudican muy cerca del presupuesto oficial, se eliminan las economías derivadas de la competencia y se relajan las exigencias técnicas, porque parte del esquema puede incluir cooptar también a la interventoría. Todos quedan cubiertos. Todos ganan. Menos el país. (Fonseca, 2024).

Todo esto ocurre de manera visible, grotesca y poco sofisticada, todos los días, delante de nosotros. Y no es que no lo sepamos. Es que, en la práctica, pareciera que preferimos no saberlo. Basta observar las poquísimas expresiones de indignación que se producen incluso cuando los indicios son evidentes. A diarios, el ingeniero Fernández señala procesos con un solo proponente, contratos adjudicados sin competencia real, señales claras de captura del proceso. Y, sin embargo, no pasa nada. Miramos para otro lado. Aceptamos en silencio, como si así fuera el orden natural de las cosas. Es decir, aceptamos la corrupción, ni más ni menos.

Pero este fenómeno no se limita a la contratación pública. Se reproduce en cualquier espacio donde existan elecciones y que quien salga elegido adquiera poder para distribuir favores: cooperativas, asociaciones de residentes, agremiaciones. Allí también, quienes no participan directamente del circuito corrupto suelen optar por la pasividad: no ejercen control, no exigen transparencia, no denuncian. Olvidan que la democracia, en cualquier escala de la vida social, no se sostiene solo con derechos, sino con deberes. Y uno de los deberes fundamentales es controlar la corrupción.

Porque la corrupción es, en esencia, la gran destructora de la democracia: la del país, la de la cooperativa, la de la asociación de vecinos, la de la agremiación. Y lo hace siempre con la complacencia de la mayoría.

Hay que despertar.

Rafael Fonseca Zárate