El derrumbe en el municipio de Rosas, Cauca, que provocó el colapsó de la vía Panamericana y aisló al departamento de Nariño, deja entrever la difícil situación social y política del sur de Colombia. Durante décadas y por culpa de la situación de orden público, esta región ha sido olvidada y no ha contado con un apoyo decidido por parte del Estado para invertir en infraestructura, mientras que al mismo tiempo, en un verdadero círculo vicioso, hemos sido testigos de como se empeora la conflictividad social, la ilegalidad y la violencia por la falta de inversión.

Tras ocurrido el desastre, el gobierno nacional tuvo que poner los ojos en todos los corredores viales del sur del país, sólo para corroborar que también han sido históricamente desatendidos y que necesitan de inversión para prestar un servicio adecuado. Es el caso del Puerto de Tumaco que se está usando para abastecer a Nariño por vía marítima; del corredor Neiva-Santa Ana -San Miguel, que comunica al Huila, Caquetá y Putumayo con Ecuador y Suramérica; y de la Variante San Francisco Mocoa, que permitiría llevar bienes desde la capital del Putumayo hasta Pasto sin necesidad de cruzar por el Ecuador, pero que está detenida en su construcción por problemas de incumplimiento, de diseño ambiental y de consultas previas.

Por nuestra parte, desde hace 4 años impulsamos la reactivación de las obras de la concesión Neiva – Santa Ana que se encontraban paralizadas también por incumplimiento del contratista. Las obras se reanudaron en el 2021 luego de un arduo trabajo que debemos reconocerle a la ANI, para que el contrato pudiera ser cedido sin afectar la financiación del proyecto. Hoy este tramo está permitiendo el abastecimiento terrestre de Nariño al conectar con el corredor humanitario que abrió el presidente Lasso en el Ecuador, pero se necesita que continúen a buen paso las obras no solo para aliviar la situación del departamento de Nariño, sino para darle conectividad al Putumayo y al país con toda Sudamérica de forma mucho más competitiva.

También llevamos casi un lustro impulsando la variante San Francisco – Mocoa. Esta obra tuvo problemas con el concesionario y con los diseños, que fueron modificados para tener un menor impacto ambiental. De estar culminada tendríamos una vía mucho más expedita para abastecer a Pasto con combustibles sin tener que pasar por Ecuador.  Las obras se reactivaron en un tramo el año pasado, y alivian un poco la situación, pero queda faltando una consulta previa para dar viabilidad a los demás segmentos, siendo este trámite, como en tantos otros proyectos del país, uno de los principales obstáculos para su continuación.

Las vías y obras de infraestructura son verdaderos “Bienes Públicos”, es decir, que pertenecen y benefician a todos los ciudadanos sin distinción; sean ricos, pobres, indígenas, afro, mestizos o blancos. Por eso es inconveniente politizar o ideologizar los debates sobre este tipo de inversiones. También es inconveniente que los espacios de discusión sean capturados por intereses de uno u otro signo político, y que las consultas previas se conviertan en diálogos en donde nadie se escucha mientras las obras se retrasan.  Se debe en cambio procurar una debida representación de los interesados en un proyecto público sin incurrir en descalificaciones o estigmatizaciones de ningún tipo. La ideologización de estos espacios estanca las discusiones y retrasa las obras, e impide invertir inteligentemente los recursos públicos.

Por fortuna, el presidente Petro cuenta con un considerable capital político, una metodología y una experiencia en terreno muy significativa que permite desatascar los obstáculos sociales que enfrentan los proyectos de infraestructura de la región. Tiene también los recursos en caja para ponerlos a andar, y la necesidad inaplazable de reconectar al suroccidente con el resto del país.

Se aproxima ahora la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Luego de haber recogido las necesidades regionales en los diálogos vinculantes, es momento de que el gobierno pase del diagnóstico a la acción y a la inversión decidida en vías, carreteras, e infraestructura y bienes públicos que transformen e impacten positivamente a todos los habitantes del suroccidente colombiano.